El fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba a Colombia. La disminución de las lluvias, el descenso de los caudales de los ríos y la amenaza de racionamientos de agua y energía configuran un escenario que exige medidas oportunas de las autoridades, responsabilidad de las empresas de servicios públicos y, sobre todo, un compromiso decidido de los ciudadanos. No se puede esperar a que empiecen los racionamientos para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo.
La capital del Valle ya siente las consecuencias. Según ha advertido el gerente de Emcali, Roger Mina, los caudales de los ríos Cali y Meléndez han disminuido considerablemente, lo que ha obligado a realizar maniobras operativas para garantizar el abastecimiento. El río Cauca, del que depende entre el 70 % y el 80 % del suministro de agua de la ciudad, está soportando una mayor demanda para atender también sectores de la red alta.
Aunque Cali dispone de condiciones hídricas favorables frente a otras ciudades, ello no significa que esté a salvo. El riesgo de racionamientos es real y dependerá de la intensidad y duración del fenómeno, así como de las precipitaciones que se presenten durante los próximos meses.
La dimensión nacional de esta emergencia es igualmente preocupante. Según las alertas presentadas por el Gobierno, 558 municipios enfrentan riesgos altos o muy altos de desabastecimiento de agua y energía. A ello se suman las proyecciones del Ideam, que advierten sobre la posibilidad de que este sea uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas, cuyas consecuencias pueden extenderse hasta mitad del próximo año.
La amenaza es especialmente delicada para un país cuya generación eléctrica depende en gran medida de las hidroeléctricas. Menos lluvias significan menores reservas en los embalses y, por consiguiente, mayores dificultades para garantizar el suministro de energía. También están en juego la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de millones de colombianos.
Frente a este panorama, las autoridades tienen la obligación de anticiparse. Emcali debe fortalecer sus planes de contingencia, reducir las pérdidas de agua, proteger sus fuentes de abastecimiento y mantener informada a la ciudadanía sobre las condiciones del servicio. Las maniobras que ya adelanta para compensar la disminución de los caudales deben acompañarse de una estrategia permanente de prevención.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha anunciado medidas para fortalecer la seguridad energética, atender las dificultades financieras del sector y acelerar proyectos de generación. Es indispensable que esos compromisos se traduzcan en resultados concretos y oportunos. La improvisación no puede tener cabida cuando están amenazados servicios esenciales para la población.
Pero ninguna acción institucional será suficiente sin la participación de los ciudadanos. Reducir el tiempo de las duchas, reparar las fugas, evitar el lavado innecesario de vehículos y fachadas, utilizar racionalmente los electrodomésticos y apagar las luces que no se necesitan son acciones sencillas que, multiplicadas por millones de hogares, pueden marcar una diferencia.
Igualmente importante es proteger nuestros ríos y denunciar los vertimientos contaminantes, las conexiones ilegales y el desperdicio de agua. No se puede exigir eficiencia a las empresas de servicios públicos mientras permanecemos indiferentes ante quienes destruyen las fuentes hídricas. Esta emergencia también debe servir para reflexionar sobre la necesidad de proteger las cuencas, recuperar los ecosistemas y fortalecer una infraestructura que permita afrontar fenómenos climáticos cada vez más inciertos.
Cali, el Valle y Colombia están ante una prueba de responsabilidad colectiva. El agua no es un recurso inagotable ni su disponibilidad puede darse por descontada. Cuidarla hoy es una obligación con las familias, con quienes más pueden sufrir las consecuencias de su escasez y con las próximas generaciones.