En todo el mundo civilizado, el maridaje entre el alcohol y la gasolina es sujeto de sanciones severas, considerando a quien tenga ese comportamiento como un peligro, precisamente por su capacidad de causar daño letal a la sociedad.
Por un voto, la Cámara de Representantes ordenó archivar el proyecto de ley que propone castigar a los choferes que conduzcan después de consumir alcohol. Aunque parezca un asunto intrascendente, detrás de esa decisión se expresa una inexplicable resistencia a enfrentar con decisión una de las causas más importantes de la accidentalidad y sus secuelas de muertes y lesiones en Colombia.La pregunta es qué hacer para erradicar uno de los factores que más influyen en la accidentalidad en Colombia. Más aún, cuando algunos Representantes que participaron en el proceso para convertir en mandato legal la frustrada iniciativa afirman que muchos de sus colegas vieron en ella un posible enemigo, al generarse posibles inhabilidades por el hecho de ser sorprendidos y acusados de conducir en estado de ebriedad. ¿Acaso los servidores públicos no están obligados a dar ejemplo de buena conducta?Y sorprende aún más el que quienes votaron por la negativa usen una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que sugiere no tramitar más normas que ocasionen un incremento en penas sujetas a encarcelamiento, dado el hacinamiento que presentan las cárceles. En todo el mundo civilizado, el maridaje entre el alcohol y la gasolina es sujeto de sanciones severas, considerando a quien tenga ese comportamiento como un peligro, precisamente por su capacidad de causar daño letal a la sociedad. No se ve entonces la razón por la cual sea preferible ahorrar dinero que usar el poder del Estado para castigar a quien cometa conductas antisociales de gran peligrosidad. No olvidar que en un alto porcentaje de los accidentes de carros y motos que producen muertes y heridas en Colombia está presente el alcohol. Y es más inexplicable en la medida en que se envía un mensaje equivocado de tolerancia y complicidad, en lugar de utilizar esa capacidad normativa para educar a los ciudadanos. En otros términos, es claro que quien maneje sin consumir alcohol no tiene por qué tener miedo a una sanción, con lo cual se evita el temor porque se crezca el hacinamiento en las cárceles que teme la Corte. Y el castigar de manera ejemplar a quien sí lo haga, enviará un mensaje claro que sin duda ayudará a proteger la vida y la integridad de miles de personas, incluyendo las de los conductores borrachos. Ese era el efecto que buscaba la frustrada iniciativa. Infortunadamente, se estrelló con un enemigo impensado: al parecer, la cultura nacional está profundamente influida por el alcohol. Y existe una gran resistencia al cambio, a pesar de la demostrada y tenebrosa relación que el consumo de alcohol tiene con los índices de intolerancia, causante principal de la violencia urbana, de lo cual Cali es gran exponente. El pasado martes, la Cámara de Representantes perdió una gran oportunidad de combatir un peligro que amenaza en cada calle y en cada carretera del país. Pero no obstante la decepción, los responsables de la iniciativa tienen que perseverar en el intento. Sin duda serán respaldados por la inmensa mayoría de los colombianos que rechazan la permisividad del Estado con una conducta que causa daño y destruye la convivencia en la Nación.