"Después de las respuestas del general Maldonado quedan muchas preguntas por resolver. Periodistas, dirigentes políticos y otros sectores informan sobre la existencia de interceptaciones a su correspondencia y sus comunicaciones. ¿Desde dónde se está realizando ese espionaje? ¿Son operaciones legales o ilegales? ¿Qué entidad las realiza? ¿Forman parte del sistema de inteligencia del Estado? Y si fuera ilegal o realizado por particulares, ¿por qué no se ha hecho lo necesario para evitar que se siga violando el derecho a la intimidad? ¿Quién filtró la Operación Andrómeda?".
El pasado viernes en la tarde se conocieron las respuestas que el inspector General del Ejército, general Ernesto Maldonado, dio a la conminación pública y terminante del presidente Juan Manuel Santos sobre la intervención de comunicaciones por la inteligencia de esa institución. Dijo el general que la creación de la que se denomina fachada, fue legal. Afirmó también que para ello se cumplieron los trámites presupuestales y administrativos de rigor. En cuanto a la investigación, el General describió de manera sucinta las gestiones realizadas: 10 entrevistas, 22 pruebas de credibilidad y confiabilidad, lo que le lleva a concluir que el personal manifestó y se ratificó en que en ningún momento adelantaron interceptaciones de comunicaciones, fueron reiterativos en indicar que en la fachada no realizaron actividades ilícitas.Al explicar los pasos a seguir, el Inspector del Ejército informó que, de acuerdo con sus competencias, corresponderá a la Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación, evaluar la veracidad de esas manifestaciones, además de informar que ya se habían iniciado las investigaciones penales y administrativas del caso se habían separado a seis oficiales de sus cargos, quienes participaron en la operación, para brindar mayor transparencia. Y fue claro al explicar que se cometieron errores de procedimiento e inteligencia en el manejo de la fachada, teniendo en cuenta que personas ajenas al procedimiento tuvieron conocimiento del funcionamiento de la fachada. Es decir, el Ejército procederá contra los oficiales que no cubrieron en forma adecuada la operación Andrómeda y no informaron con oportunidad el allanamiento que hizo la Fiscalía. Y serán los organismos externos a las Fuerzas Armadas los que se encargarán de investigar la existencia del espionaje ilegal, de sancionar y enjuiciar a quienes sean encontrados responsables de cualquier delito que se haya cometido.Después de las respuestas del general Maldonado quedan muchas preguntas por resolver. Periodistas, dirigentes políticos y otros sectores informan sobre la existencia de interceptaciones a su correspondencia y sus comunicaciones. ¿Desde dónde se está realizando ese espionaje? ¿Son operaciones legales o ilegales? ¿Qué entidad las realiza? ¿Forman parte del sistema de inteligencia del Estado? Y si fuera ilegal o realizado por particulares, ¿por qué no se ha hecho lo necesario para evitar que se siga violando el derecho a la intimidad? ¿Quién filtró la Operación Andrómeda?Por supuesto, el Estado tiene el derecho y la obligación de usar la inteligencia para proteger a la sociedad y perseguir a los criminales. Pero también es claro que esa inteligencia debe ser usada de acuerdo a la ley para evitar abusos o impedir actuaciones indebidas de quienes tienen la facultad de utilizarla. En ese orden de ideas, lo que está pasando en Colombia genera inquietudes grandes que deben ser explicadas, porque la declaración del Inspector General del Ejército da pocas respuestas y deja muchísimas preguntas.