La economía colombiana comienza a mostrar señales de recuperación. El crecimiento del Producto Interno Bruto ha mejorado de manera gradual, el desempleo volvió a ubicarse en un solo dígito y la pobreza monetaria continúa descendiendo. Son noticias que, sin duda, deben reconocerse, porque evidencian que el país ha dejado atrás la fuerte desaceleración que marcó los años recientes.

Pero esos buenos indicadores no pueden ocultar una realidad mucho más compleja. Colombia sigue enfrentando serios desequilibrios fiscales, una deuda pública elevada, un déficit que preocupa a los analistas y enormes presiones sobre sectores tan sensibles como la salud y la energía. En otras palabras, el próximo Gobierno recibirá una economía que crece, sí, pero sobre una estructura que requiere profundas correcciones.

No será una tarea sencilla. Las cuentas públicas exigen decisiones responsables y, probablemente, impopulares. La discusión ya no es si habrá que hacer ajustes, sino cómo hacerlos sin poner en riesgo la recuperación económica que apenas comienza a consolidarse.

En ese debate existe una tentación permanente en Colombia: acudir nuevamente al camino más fácil. Cada vez que las finanzas públicas entran en aprietos aparece sobre la mesa una nueva reforma tributaria, más gravámenes o mayores cargas para quienes ya cumplen con sus obligaciones. Es un libreto conocido que termina trasladando el peso de los errores fiscales al ciudadano común.

Ese no puede volver a ser el camino. La clase media colombiana lleva varios años soportando un incremento constante en el costo de vida, mayores cargas tributarias, altas tasas de interés, incrementos en servicios públicos y una pérdida progresiva de su capacidad de ahorro. Son millones de familias que pagan impuestos, generan consumo y sostienen buena parte de la actividad económica del país. Convertirlas nuevamente en la caja menor del Estado sería un error económico y social.

Antes de pensar en crear nuevos impuestos, el Estado tiene la obligación de hacer una revisión seria de su propio funcionamiento. Es momento de preguntarse cuántas entidades cumplen funciones similares, cuántos programas duplican esfuerzos, cuántos contratos pueden racionalizarse y dónde existen verdaderas oportunidades para ganar eficiencia. La discusión no puede limitarse únicamente a recaudar más; también debe concentrarse en gastar mejor.

Cada peso que administran las entidades públicas proviene del bolsillo de los ciudadanos. Esa premisa obliga a ejercer una disciplina fiscal mucho más rigurosa que la vista en los últimos años.

Ahora bien, hacer un ajuste tampoco significa aplicar una política de “motosierra” indiscriminada. Reducir el gasto por reducirlo puede terminar afectando la prestación de servicios esenciales, debilitando la inversión pública o destruyendo empleos que dependen del Estado. El desafío consiste precisamente en diferenciar lo necesario de lo prescindible.

Optimizar no es paralizar. Se trata de modernizar procesos, eliminar burocracia innecesaria, aprovechar mejor la tecnología, revisar estructuras administrativas y evaluar con rigor la efectividad de cada programa público. Un Estado más eficiente no es necesariamente un Estado más pequeño; es un Estado que obtiene mejores resultados con los recursos que recibe de los contribuyentes.

El otro gran reto será recuperar la confianza de quienes invierten. Ninguna economía puede aspirar a crecer al 5 % anual si la inversión privada continúa debilitándose. Sin nuevas empresas, sin expansión industrial y sin proyectos productivos será imposible generar el empleo formal que el país necesita para seguir reduciendo la pobreza.

Por eso, las decisiones fiscales deberán encontrar un delicado equilibrio. Ajustar las cuentas públicas es indispensable para preservar la estabilidad macroeconómica y evitar que la deuda siga creciendo. Pero hacerlo mediante una mayor carga tributaria sobre los sectores productivos y la clase media terminaría debilitando el consumo, frenando la inversión y ralentizando el crecimiento.

El próximo Gobierno tendrá una enorme responsabilidad. Deberá ordenar las finanzas nacionales, recuperar la disciplina fiscal y devolver credibilidad a las cuentas públicas. Sin embargo, ese esfuerzo debe comenzar por la propia administración del Estado.

Los colombianos ya han hecho suficientes sacrificios. No es razonable que, una vez más, sean ellos quienes paguen los platos rotos de una estructura pública que durante años ha crecido sin la misma exigencia de eficiencia que se reclama al sector privado y a los hogares.

La estabilidad fiscal es una condición indispensable para el desarrollo, pero no puede construirse únicamente con la billetera de los contribuyentes. También requiere un Estado capaz de revisar sus excesos, corregir sus ineficiencias y administrar con responsabilidad cada peso que recauda. Ese será, quizá, el verdadero examen económico del nuevo Gobierno.