Tienen razón quienes califican como equivocada la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, contra los exjefes de las Farc por los secuestros que dejaron 21.396 víctimas en todo el país.

Sin embargo, el yerro no está en haberlos condenado a ocho años de trabajos y obras con contenido reparador, que es la máxima sanción incluida en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla más grande del continente.

La equivocación estuvo en tardarse ocho años en anunciar lo que era fundamental para que los colombianos entendieran la justicia transicional que se pactó en La Habana.

Y, dejando claro que a ese error contribuyó en gran medida el Gobierno anterior, al objetar la ley estatutaria que creó la JEP y tratar de obstaculizar la implementación del Acuerdo, el actual Ejecutivo, contrario a lo que anunció en campaña, también le ha puesto palos a la rueda al funcionamiento de la Jurisdicción.

Hay que recordar, por ejemplo, que el año pasado el presidente de la JEP hizo público que la Casa de Nariño le dio otra destinación a los recursos que se habían asignado justamente para desarrollar las sanciones que debían cumplir los victimarios del conflicto armado.

Ahora bien, para algunos sectores la demora en la expedición de las sentencias también pasó porque la Jurisdicción quiso juzgar caso por caso, olvidando que lo convenido por los negociadores era que, dada la magnitud y la cantidad de crímenes cometidos, se iba a condenar solo a los máximos responsables.

Pero sin duda el mayor ‘pecado’ de la JEP, que ya no es su responsabilidad directa, es que el anuncio de las sanciones coincide con dos circunstancias puntuales de la vida nacional.

La primera es que a los colombianos les resulta muy difícil volverse a ‘tragar el sapo’ de que los exjefes guerrilleros no paguen cárcel -lo cual ya se sabía hace casi nueve años, pues así quedó consignado en el Acuerdo-, cuando el país no solo no ha vivido la pacificación que entonces se prometió, sino que regiones como el Cauca, que alcanzaron a tener un alivio, hoy están presas del accionar de quienes traicionaron su firma y volvieron a las armas, convertidos en criminales narcotraficantes.

Y la segunda es que el actual Gobierno Nacional ha sido incapaz de contener esas disidencias y se ha empecinado en su política de Paz Total, pese a que es evidente que adolece de un norte que haga pensar que en realidad habría un sometimiento a la justicia o una dejación de armas, lo cual solo contribuye a alimentar la polarización que desde hace años existe alrededor de la búsqueda de la paz en Colombia.

Si bien la JEP debe agilizar las sentencias que aún tiene pendientes por definir, la mayor responsabilidad de honrar lo acordado en el 2016 recaerá ahora en los exguerrilleros y los exparamilitares sancionados.

Cada condenado tiene un compromiso legal, pero también la obligación ética de cumplir a cabalidad sus penas, como un mínimo aporte a la reconciliación que reclaman para sí mismos. Pero tienen que aceptar que eso no será posible mientras sus víctimas sigan sumidas en el dolor y está claro que muchos de ellos no han hecho lo suficiente para aliviarlo.