Coincidiendo con el anuncio del Presidente de la República acerca del despliegue de la Fuerza Pública para evitar los bloqueos que afectan la vida de la Nación, hoy se realiza una nueva movilización organizada por los promotores del paro nacional. El compromiso es demostrar que ambas cosas son posibles siempre que se respeten los derechos y la democracia, impidiendo que sea la Nación en su conjunto la que siga siendo damnificada por la locura de la violencia y el desconocimiento de la Constitución.

En su alocución del pasado domingo, el presidente Iván Duque fue claro al expresar su decisión de ordenar el despliegue de las autoridades para levantar los bloqueos que están afectando derechos fundamentales de los ciudadanos, además de causar grandes daños a la economía, a la actividad social, al empleo y a la tranquilidad de todos los colombianos. Así no sea del gusto de quienes están comprometidos en continuar la protesta que reiniciaron el pasado 28 de abril, esa medida se explica y se justifica por los inocultables perjuicios que a la democracia, a la institucionalidad y a la vida de los ciudadanos, le están causando quienes vienen aprovechando la protesta social para sembrar el miedo a través de inaceptables medidas de hecho.

Desde la perspectiva de los organizadores del paro, y de algunos políticos en trance de candidatos a la presidencia, se ha dado a entender que la decisión pretende impedir la manifestación de inconformidad que ya lleva quince días de vigencia. Frente a ello es necesario recalcar el compromiso del Primer Mandatario de permitir esas expresiones y de defenderlas como ordena la ley, siempre y cuando no se transformen en atentados contra los derechos de los colombianos.

Lo que no puede permitirse es que quienes siembran la violencia aprovechen esas protestas para tratar de imponer el caos, ya sea interrumpiendo servicios públicos, obstaculizando la cadena de suministros que necesita la sociedad e impidiendo el derecho a la movilidad, claves de la libertad que asegura el Estado de derecho. Allí es cuando se justifica y se exige la presencia de las autoridades para proteger a la sociedad como lo ordena la Constitución Nacional.

Por eso hay que respaldar el llamado del Presidente de la República a recuperar el orden y la libertad de circulación en todas las vías de Colombia. Ante los perjuicios de los bloqueos y la violencia dirigidos a causar daños a la Nación, aprovechando la protesta social, el deber del Estado es actuar en defensa del orden y de la tranquilidad de los colombianos.

Y existe también la responsabilidad de quienes promueven el paro como protesta social para evitar que se convierta en instrumento de terror contra los ciudadanos que no participan en él. Además, para que escuchen los llamados al diálogo, la manera civilizada de resolver los innegables problemas que padece Colombia.

Libertad para protestar, para trabajar y para movilizarse deben ser compatibles con el deber de recuperar el orden que pretenden destruir los violentos y quienes bloquean la vida de nuestra Nación.