En medio de la frustración que para el Valle significó la destitución de su gobernador a tres meses de su elección y la convocatoria a unas elecciones atípicas, hay que reconocer que eso permitió concentrar el esfuerzo en nuestro Departamento y descubrir la trama del fraude.
Además de la derrota de la maquinaria que durante una década ha manipulado la política en el Valle, las elecciones del pasado domingo destaparon con más claridad y sirvieron para capturar en flagrancia el aparato que se montó para defraudar la voluntad popular. Es tiempo para preguntar cuándo se intervendrán el régimen electoral y los organismos que se suponen deben servir de garantes de la transparencia en los procesos que renuevan y refrendan la legitimidad de la democracia.Las capturas que ha realizado la Policía Nacional y los documentos que ha revelado demuestran la forma en que se preparaba el fraude, pagado por un grupo político y promovido por personas que tenían relación con la Registraduría Nacional del Estado Civil y con el Consejo Nacional Electoral. Que incluía personajes pertenecientes a esas entidades y eran suficientemente conocidos por sus vinculaciones con escándalos anteriores, algunos de los cuales presentaron renuncia en medio de las acusaciones que obligaron al Gobierno a actuar para impedir sus fechorías.Pero el asunto no es nuevo ni debe llamar a sorpresa. Es que desde hace varias elecciones existen sospechas sobre la existencia de organizaciones dedicadas a asegurar el triunfo de algunos y la derrota de otros. Aún está fresco el escándalo que rodeó las elecciones de marzo de 2010, cuando un partido, el PIN del hoy exsenador Juan Carlos Martínez y del exgobernador Juan Carlos Abadía, obtuvo tres senadores y cuatro Representantes a la Cámara. Entonces se produjo una movilización que, encabezada por el CNE, expresó la sospecha sobre los resultados. Pero todo quedó igual. Y como en anteriores ocasiones, la Registraduría se empecinó en reafirmar la supuesta transparencia de ese certamen. Seis meses después, el escándalo se cernió sobre las elecciones en Cali y en el Departamento, donde la estrecha victoria del candidato del MIO, el nuevo nombre de la organización de Martínez y Abadía, se quedó con la Gobernación en estrecho resultado no exento de sospechas. Ahora, la Policía actuó con anticipación, evitando que se consumara la empresa, con los resultados que ya conoce la opinión pública.En medio de la frustración que para el Valle significó la destitución de su gobernador a tres meses de su elección y la convocatoria a unas elecciones atípicas, hay que reconocer que eso permitió concentrar el esfuerzo en nuestro Departamento y descubrir la trama del fraude. Ahora se espera que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, encontrando a todos los integrantes de lo que parece ser una empresa criminal continuada y poco combatida por los organismos encargados de realizar y vigilar los certámenes electorales en Colombia.Por si alguna duda quedaba sobre la fragilidad del sistema electoral y sobre la facilidad para infiltrar los organismos encargados de responder por la transparencia de los procesos para elegir los representantes de la voluntad popular, lo ocurrido en el Valle es prueba suficiente para pedir explicaciones de la Registraduría y el CNE por lo ocurrido y para castigar a quienes sean responsables de la defraudación.