“Es necesario consensuar una política de Estado que nos permita resolver el problema penitenciario en Colombia; si ello no se hace, no queda sino una única alternativa: echarle llave a la Fiscalía”. Son palabras del Fiscal General de la Nación que reflejan la angustia crónica producida por el hacinamiento, la falta de garantías en las cárceles y la resistencia casi legendaria a establecer una política penal y penitenciaria que permita garantizar tanto el castigo ejemplar a la delincuencia como la respetabilidad del Estado.

La declaración fue parte de la audiencia citada por la Corte Constitucional para analizar lo que es una crisis que no parece tener final posible. En desarrollo de esa declaración, el jefe del organismo investigador reconoció que 35.000 capturas no se han podido realizar porque no hay cupos disponibles en los centros de detención. Además, el doctor Néstor Humberto Martínez se refirió a las miles de personas que se encuentran en las unidades de retención, o en las inspecciones de policía de todos los municipios, a la espera de cupos en las cárceles.

Son cupos que no van a aparecer porque, según afirmó la Ministra de Justicia en la misma audiencia, el hacinamiento carcelario llega al 49,54 %, y puede aumentar si se cumplen las órdenes judiciales que decretan cerrar centros carcelarios debido también a las terribles y peligrosas condiciones de salud y seguridad en que se encuentran muchos de ellos. Al reconocer que no existen recursos presupuestales para atacar el problema y anunciar las reformas del caso, la Ministra propuso crear “sistemas carcelarios móviles” como plan de choque.

Si a eso se suma el caos que experimenta la política de la casa por cárcel que permite a miles de sindicados y retenidos seguir delinquiendo porque es imposible controlarlos, la situación no puede ser más delicada. Y tiene un nombre y una consecuencia para la sociedad colombiana: la impunidad que convierte a las leyes en algo parecido a un rey de burlas, así como el enfrentamiento constante entre autoridades, policías, jueces y carceleros que no tienen manera de asegurarle a la Nación el cumplimiento de la legislación creada para ofrecer seguridad a los ciudadanos y la posibilidad de la rehabilitación en condiciones dignas para los detenidos.

Como puede deducirse de lo que se dijo en esa audiencia, en la cual también participaron la Procuraduría, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, la situación está cerca de la catástrofe. Es que el sistema penal y penitenciario no funciona y el riesgo tiene características alarmantes que hace muchos años demanda cambios fundamentales si se quiere hacer respetar el poder del Estado para perseguir el delito.

Entre tanto, en el Congreso hace trámite una reforma a la justicia. No obstante su importancia, y ante el angustioso llamado que salió de la audiencia sobre el sistema penitenciario en la Corte Constitucional, hay que preguntar si no es preferible enfocar el esfuerzo en la solución de una crisis que destruye la credibilidad del Estado en su papel de administrar recta y cumplida justicia penal para asegurar la paz, la tranquilidad y la concordia para nuestra Nación.
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