El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia es el reflejo de un fracaso acumulado. El nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirma que el país alcanzó en 2024 un nuevo récord histórico: 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Detrás de ese dato no solo hay una estadística preocupante, sino la evidencia de que, tras más de cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue sin encontrar una estrategia eficaz para enfrentar uno de sus mayores desafíos.
Culpar únicamente al gobierno de turno simplifica un fenómeno mucho más complejo. La expansión de los cultivos ilícitos no comenzó hace cuatro años ni puede explicarse por una sola decisión administrativa. Es el resultado de una suma de factores que distintos gobiernos han sido incapaces de resolver de manera integral.
La reducción de la erradicación de cultivos bajo el gobierno Petro es, sin duda, uno de esos factores. Las cifras muestran una caída drástica frente a los años en que el Estado mantenía una mayor presión sobre las zonas cocaleras. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato obedeció a decisiones judiciales que vienen de años atrás y que ningún gobierno posterior logró revertir. La erradicación manual, por sí sola, nunca ha tenido la capacidad operativa para reemplazar ese mecanismo.
Pero concentrar toda la discusión en la erradicación sería repetir un error que Colombia ha cometido durante décadas: creer que el problema se resuelve exclusivamente con acciones militares o policiales.
La coca prospera donde el Estado está ausente: comunidades afro, indígenas y campesinas. Allí donde las instituciones no garantizan seguridad, justicia, infraestructura, oportunidades económicas ni servicios básicos, las organizaciones criminales llenan ese vacío. No solo administran el negocio del narcotráfico; terminan gobernando territorios completos, imponiendo reglas, resolviendo conflictos y ofreciendo una economía ilegal que resulta más rentable que cualquier alternativa legal.
No es casualidad entonces que buena parte de los cultivos se concentren en resguardos indígenas, territorios colectivos afrodescendientes y zonas fronterizas. No porque estas comunidades promuevan la ilegalidad, sino porque históricamente han sido regiones abandonadas por el Estado y convertidas en corredores estratégicos para el tráfico internacional de drogas.
A ello se suma un elemento que con frecuencia desaparece del debate público: la demanda mundial de cocaína. Mientras exista un mercado internacional dispuesto a pagar miles de millones de dólares por esta droga, continuará existiendo un poderoso incentivo económico para sembrar coca. Colombia participa principalmente en la producción y el procesamiento, pero el negocio se alimenta del consumo en otros países como Estados Unidos. Pretender resolver el problema únicamente desde las zonas rurales colombianas equivale a combatir apenas uno de los eslabones de una cadena global.
Las cifras operacionales también invitan a una reflexión más profunda. Aunque la erradicación disminuyó considerablemente, las autoridades mantienen altos niveles de incautaciones de cocaína y destrucción de laboratorios. Es decir, la acción del Estado continúa golpeando las estructuras criminales, pero no logra reducir la oferta de materia prima. El narcotráfico demuestra una capacidad permanente para adaptarse, desplazarse y reconstruirse.
Por eso Colombia necesita abandonar la falsa dicotomía entre erradicación o sustitución, entre mano dura o desarrollo social. La experiencia demuestra que ninguna de esas estrategias, aplicada de manera aislada, produce resultados sostenibles. La solución exige presencia institucional permanente, control efectivo del territorio, oportunidades económicas reales para las comunidades rurales, fortalecimiento de la justicia y una mayor corresponsabilidad internacional frente a un negocio cuya demanda se origina, en buena medida, fuera de nuestras fronteras.
El nuevo récord de 261.000 hectáreas no representa únicamente el crecimiento de un cultivo ilegal. Es el síntoma de un Estado que sigue llegando tarde a amplias regiones del país y de una política antidrogas que continúa reaccionando a las consecuencias, en lugar de atacar las causas estructurales del problema.
Mientras esa realidad no cambie, Colombia seguirá rompiendo sus propios récords. Y cada nueva cifra será menos una sorpresa que la confirmación de un fracaso que el país no puede seguir normalizando.