La independencia que le otorgó la Constitución de 1991 al Banco de la República es la garantía con la que cuenta la autoridad monetaria para tomar decisiones técnicas, no políticas, a la hora de definir las tasas de interés o la emisión de dinero. Es lo fundamental cuando se trata de darle estabilidad económica a la Nación, a través de mantener a raya la inflación o proteger la capacidad adquisitiva del peso colombiano, pero también para brindar confianza en los mercados internacionales con el diseño de una política monetaria que le sirva al país.

Por ello es de tanta gravedad la ‘ruptura’ anunciada por el Gobierno Nacional -que tiene por derecho propio asiento en la Junta Directiva del Banco Central a través de su Ministro de Hacienda-, debido a su desacuerdo con el incremento de las tasas de interés definido esta semana. Este nuevo round del enfrentamiento que mantiene el presidente Gustavo Petro contra quienes son los encargados de fijar las políticas desde el Banco de la República, poco favor le hace al equilibrio y la armonía con los que se busca la seguridad macroeconómica de la Nación.

El incremento de 100 puntos básicos de la tasa de política monetaria, que por decisión de la mayoría de los codirectores del Banco de la República pasó de 10,25% a 11,25%, fue el motivo de la discordia que llevó a la retirada abrupta del Ministro de Hacienda de la reunión, a que filtrara la información sobre la disposición adoptada y a que desde el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, se pasara de las críticas a tender un manto de duda sobre los motivos de la medida adoptada, asegurando que con ello se busca beneficiar al sector bancario.

Poco puede ser más rentable a las puertas de unas elecciones de la envergadura de las del próximo 31 de mayo, en las que se definirá la continuidad o no del actual gobierno en la Casa de Nariño, que convertir en discurso populista las decisiones monetarias del Emisor. Así, lo que debería ser una discusión técnica, rigurosa, que conduzca a contener la inflación, asegurando que la capacidad adquisitiva de todos los colombianos se mantenga ahora y en los próximos años, teniendo en cuenta la realidad nacional pero también los sucesos de la economía global, pasa al terreno del enfrentamiento político.

Mantener la autonomía e independencia del Banco de la República es un mandato constitucional, que no puede estar sometido al arbitrio de quien ostente el poder. Es la garantía que quedó consignada en la Carta Magna para preservar la confianza financiera en el país y asegurar la estabilidad macroeconómica actual y futura de Colombia.

Sin duda, el debate sobre la pertinencia o no de las medidas adoptadas por el Emisor, así como sus consecuencias para las finanzas de la Nación o para el bolsillo de los ciudadanos, se puede dar y es necesario. Lo inaceptable es que quienes están llamados a defender el orden constitucional y a preservar el Estado de Derecho, pretendan propiciar una ruptura institucional que tendría graves consecuencia para el país y para su economía.