La salud en Colombia se mueve hoy en un terreno incierto, donde las decisiones del Gobierno Nacional parecen ir más rápido que las certezas que deberían respaldarlas.

En medio de anuncios sobre eventuales liquidaciones de EPS y reconfiguraciones del sistema, lo que predomina no es la claridad, sino la duda. Y esa duda, en un sector como la salud, no es un asunto menor: se traduce en angustia, en demoras y, en muchos casos, en vidas en riesgo, como se ha venido viendo en el país.

El debate público se ha concentrado en un punto, como es la financiación. Se habla de billones de gasto del Gobierno, aún así, hay déficit, de deudas acumuladas en EPS, clínicas y hospitales y la suficiencia de la UPC, que es el pago que hace el Estado por cada afiliado.

Pero en esa discusión técnica, necesaria pero incompleta, se está perdiendo de vista lo esencial: la salud no es solo plata, es una realidad cotidiana para millones de colombianos que hoy enfrentan barreras para acceder a un medicamento, a una consulta o a un tratamiento oportuno.

La incertidumbre actual no es abstracta. Tiene rostro, es el paciente con cáncer que no sabe si podrá continuar su quimioterapia, y mucho menos tras un cambio de EPS. Es la persona con una enfermedad crónica que enfrenta trámites interminables para acceder a sus medicamentos. Es la familia la que debe asumir de su bolsillo gastos que el sistema no cubre a tiempo. Es, en suma, una cadena de fallas que impacta directamente la vida de las personas.

Frente a este panorama, preocupa que las decisiones que se anuncian, como la eventual liquidación de entidades o la concentración de la atención en pocas EPS, no estén acompañadas de un plan claro, detallado y, sobre todo, viable.

No se trata de defender a ultranza un modelo que está fallando ni tampoco desmontarlo por razones ideológicas. Se trata de entender que cualquier transformación del sistema debe partir de una premisa básica: garantizar la continuidad en la atención de los pacientes y llegar a acuerdos entre los diferentes actores del sistema, que en muchos casos se sienten agotados.

La historia reciente ha mostrado que los cambios abruptos, sin la debida planificación, tienden a agravar los problemas que buscan resolver. Trasladar millones de afiliados de una entidad a otra no es un ejercicio administrativo simple; implica reorganizar redes de atención, historias clínicas, tratamientos en curso y capacidades operativas. Hacerlo sin una hoja de ruta clara es, en el mejor de los casos, arriesgado; en el peor, irresponsable, como lo están alertando los gremios del sector.

Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario un alto en el camino. No para frenar los cambios necesarios, sino para hacerlos bien. Para evaluar con rigor técnico las decisiones, escuchar a los expertos, incorporar la evidencia y, sobre todo, abrir espacios reales de concertación. La salud no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico donde cada actor defiende su visión sin construir puntos de encuentro.

El país necesita un acuerdo básico sobre lo fundamental: cómo garantizar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del sistema. Ese acuerdo no pasa necesariamente por eliminar o mantener las EPS como están, sino por definir con claridad cuáles deben ser las funciones que el sistema debe cumplir y cómo se van a asegurar. Lo importante no es el nombre del modelo, sino su capacidad para responderle al ciudadano no solo de las ciudades, sino de la zona rural y dispersa del país.

Colombia no puede darse el lujo de improvisar en salud. Las decisiones que se tomen tendrán efectos directos sobre millones de personas hoy y en los próximos años. Por eso, el llamado es a tener menos confrontación y más concertación, tanto del Gobierno, EPS, clínicas y hospitales como el Congreso, deben mirar más allá de las diferencias.