La vivienda vuelve a ocupar el centro del debate económico y social en Colombia, esta vez por la intención del Gobierno Nacional de fijar su valor en pesos y no en salarios mínimos, como está establecido hoy. La propuesta, que busca dar mayor certidumbre a los compradores y contener el encarecimiento de las casas, parte de una preocupación legítima: facilitar el acceso a vivienda digna, especialmente para los hogares de menores ingresos.

Sin embargo, el sector de la construcción en el país llega a esta determinación en un momento de fragilidad, pues lleva varios años de caída, solo recuperándose al final del 2025. En el Valle del Cauca, el mercado de vivienda nueva cerró el año pasado con la venta de 14.262 unidades, una leve caída del 1 % frente al año anterior y gran parte de estos resultados se centran en la venta de Vivienda de Interés Social (84 %).

Ofrecer mejores condiciones de acceso a una solución habitacional es algo que todos deben avalar, pero fue el mismo Ejecutivo el que, desde su inicio, cambió la estrategia y propició una debacle en el sector. La modificación en la entrega de los subsidios, al inicio del mandato de Gustavo Petro, en su propósito loable de que lo más pobres pudieran acceder a ellos, generó la reestructuración de muchos negocios para intentar responder a esto y, en ese camino, muchos colombianos de clase media ya no pudieron hacerse a una casa.

Ahora, cuando el mercado empezaba un ajuste, se plantea cambiar de nuevo las reglas, de un día para otro, para resolver un problema que también generó el Gobierno Nacional: los precios de la vivienda subirá más de $ 40 millones este año, solo por el impacto del incremento salarial del 23 %.

Tal vez es justo, argumentan algunos expertos, que el valor de la VIS y la VIP estén desindexados del salario mínimo, es decir, que los aumentos de precio no se realicen bajo esta figura sino en pesos. Sin embargo, lo que vuelve a cuestionarse son las decisiones sobre la marcha que está tomado el Ejecutivo.

La construcción de vivienda no es un negocio de corto plazo ni de compra inmediata. Es una actividad que se planea con años de anticipación, en la que los costos se asumen hoy y la entrega final puede tardar hasta cuatro años. De ahí que obligar a fijar precios rígidos desde la preventa traslada todo el riesgo al constructor y desincentiva el lanzamiento de nuevos proyectos VIS. El resultado previsible es una menor oferta, justamente cuando ya se observa una caída drástica en las iniciaciones de proyectos.

Paradójicamente, quienes terminarían pagando el costo de esa menor oferta serían los mismos hogares que se busca proteger. Sin subsidios nacionales suficientes, como quedó en evidencia en 2025, cuando 2163 hogares desistieron tras agotarse los recursos de Mi Casa Ya, y con menos proyectos en el mercado, acceder a una casa será más difícil, no más fácil, así lo describen los constructores.

El riesgo no es solo económico: también es social, pues la falta de vivienda formal empuja a la informalidad y a la expansión desordenada de las ciudades.

La discusión de fondo no es si los precios deben ser más transparentes ni si los compradores necesitan mayor protección. En eso hay consenso. El problema es pretender resolver un asunto estructural a punta de decretos, sin una concertación técnica y responsable con el sector.

La vivienda es demasiado importante para improvisaciones. Si el objetivo es que más colombianos, especialmente los de menores ingresos, accedan a una casa a menor costo, las decisiones deben construirse con diálogo, reglas claras y visión de largo plazo. De lo contrario, el remedio puede terminar agravando la enfermedad y dejando al país con menos vivienda, más incertidumbre y un sector clave debilitado.