La situación que hoy enfrenta Colombia por la imposición de aranceles por parte de Ecuador, que empezaron en 30 % y escalaron hasta el 50 %, es muy delicada y tiene consecuencias profundas para la economía, especialmente en la frontera.

Nariño, y en particular la zona de Ipiales, no es un territorio que viva de grandes industrias exportadoras. Su fortaleza ha sido, históricamente, su papel como plataforma logística, como punto de conexión entre economías. Allí, cientos de familias dependen del flujo constante de mercancías: transportadores, estibadores, operadores logísticos, comerciantes. Cuando ese flujo se detiene, como está ocurriendo ahora, la economía entera entra en estado de parálisis.

Lo más preocupante es que esta situación no parece estar ocupando el lugar que merece en la agenda nacional. Mientras en la frontera se multiplican las protestas y el desespero de quienes han perdido su sustento diario, por la reducción en más del 90 % del tránsito de mercancías, la respuesta institucional luce insuficiente frente a la magnitud del problema.

Porque si bien Colombia no encendió esta chispa (la guerra comercial la empezó Ecuador desde el 1 de febrero), sí tiene la responsabilidad de evitar que el incendio se propague. Y eso solo es posible a través de una diplomacia activa, estratégica y urgente. La historia económica reciente de ambos países demuestra que la integración comercial ha sido beneficiosa para los dos lados de la frontera, con un comercio que supera los US$3000 millones. Romper ese equilibrio genera efectos que pueden ser difíciles de revertir.

El impacto ya trasciende la frontera. En regiones como el Valle del Cauca, cientos de empresas han encontrado en Ecuador un mercado natural, cercano y confiable. Hoy, ese vínculo está en riesgo. Los aranceles no solo encarecen los productos colombianos, sino que abren la puerta para que otros países ocupen ese espacio. Y en comercio internacional, perder mercado suele ser mucho más fácil que recuperarlo.

Los empresarios lo saben. Muchos están haciendo esfuerzos extraordinarios para mantenerse en Ecuador, incluso sacrificando márgenes de ganancia o vendiendo al límite de sus costos. Pero esa no es una estrategia sostenible en el tiempo. Sin una solución de fondo, la consecuencia inevitable será la pérdida de competitividad y, en el peor de los casos, el retiro definitivo de ese mercado con fatales consecuencias.

Al mismo tiempo, del lado ecuatoriano ya se empiezan a buscar proveedores alternativos en países como China, Brasil o México. Si esa sustitución se consolida, el golpe para las exportaciones colombianas será estructural, no coyuntural.

Por eso, este no es un asunto que pueda tratarse con indiferencia o con tiempos burocráticos, esto merece la total atención del Gobierno que parece no dimensionar la magnitud de la situación.

El llamado al Gobierno Nacional es, entonces, a actuar con prontitud y determinación. A abrir canales de diálogo efectivos con Ecuador, a buscar mecanismos que permitan desmontar o al menos mitigar el impacto de los aranceles que ambas naciones impusieron, y a reconocer que, más allá de las diferencias comerciales, lo que está en riesgo es el tejido económico y social de una región entera.

El problema no es únicamente diplomático y comercial, nos enfrentamos a una crisis social y productiva, son unas 40.000 familias en la frontera que de alguna manera dependen del comercio de los dos países y que necesitan que el Estado colombiano los tome en cuenta. Pero también hay una gran parte del sector empresarial del país que hoy enfrenta la pérdida del mercado.