“Los imputados no actuaron de manera episódica o aislada, sino que habrían integrado, desde posiciones de liderazgo, un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”.

Las contundentes palabras que pronunció la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al comunicar su decisión de enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dejan en evidencia la gravedad de lo hallado hasta ahora en la investigación del entramado de corrupción denunciado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Porque si bien a ellos, quienes hasta hace solo un año todavía eran funcionarios de primer nivel de la Casa de Nariño, les asiste el derecho a declararse inocentes, que sean imputados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer apunta a ratificar la veracidad de las confesiones que han hecho Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre haber orquestado un millonario desfalco desde sus cargos directivos en la Ungrd.

Pero tan grave como eso es que una vez más se testifica que esa presunta organización criminal habría tenido como objetivo pagar coimas a congresistas a cambio de que votaran positivamente las reformas sociales propuestas por el actual Gobierno Nacional, lo cual debería llevar a que el Ejecutivo se pronuncie con contundencia y claridad al respecto.

Porque ya son varias las personas que ocupando cargos cercanos al Jefe de Estado han resultado seriamente implicadas en este escándalo, tales como Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, a quienes hoy por hoy también se les siguen procesos judiciales, lo que lleva a los colombianos a preguntarse si las más altas instancias de la Administración central estaban al tanto del entramado confeso entramado de corrupción que ahora también involucra al Invías.

Todo ello sin mencionar a Carlos Ramón González, quien, tras pasar por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de la Inteligencia y ser vinculado al proceso de la Ungrd, se declaró perseguido político y se refugió en Nicaragua, donde, pese a haber sido declarado prófugo de la justicia, se le vio participando en un evento festivo promovido por la Cancillería colombiana.

Sí, ya se han anunciado las respectivas investigaciones por parte de la Procuraduría, pero el solo hecho de tratarse de una persona que desde hace décadas es reconocida como afín al Primer Mandatario debería a llevar a que la Casa de Nariño sea la primera interesada en que las indagaciones sobre este, el más grande escándalo de corrupción del actual Gobierno Nacional, tengan la mayor celeridad y profundidad, de manera que muy pronto se sepa no solo la magnitud total del desfalco a los recursos públicos sino también los nombres de todos los responsables del mismo.

No puede ser que el país se acostumbre a las ‘exhaustivas’ investigaciones que nunca llegan a nada o a los fallos judiciales que se producen ‘cuando ya pa’ qué’, pero, sobre todo, es tiempo de que la ciudadanía reaccione y sancione socialmente, sin violencia pero con contundencia, a quienes no usaron sus cargos públicos para servirles a sus compatriotas, sino para enriquecerse de manera ilícita o cometer otros actos ilegales. ¿Hasta cuándo?