Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre se presentaron 750 homicidios en Cali, una cifra que representa 57 asesinatos más si se compara con los hechos ocurridos en el mismo periodo del año anterior. Solo el pasado fin de semana 16 personas murieron de forma violenta en la ciudad, un número que, además de preocupación, debería remover los cimientos de una sociedad que no se puede acostumbrar a que la vida tenga tan poca valía.
Está claro que a tres meses de concluir 2025, será imposible cumplir con el propósito de mantener la cifra anual de asesinatos en menos de mil. En la capital del Valle la tendencia siempre ha sido que al finalizar el año el número de crímenes se incremente, en especial durante diciembre, por lo que la meta se pasará de largo.
Flaco favor le hace a esa realidad, que el aumento del 9% en los homicidios en la ciudad se trate de justificar bajo el argumento de que el 2024 fue uno de los años menos violentos en la historia reciente de Cali. Mucho menos hay razón para que se haga referencia a lo que ocurría hace 30 años en la ciudad, en pleno auge del narcotráfico y de la guerra de los carteles, cuando los homicidios superaban las dos mil cada año.
En todo caso ello significa que las causas de la violencia endémica que padece la principal urbe del suroccidente colombiano siguen intactas, y que los esfuerzos de las autoridades no están siendo eficientes ni los recursos son todos los que se necesitan para hacerle frente a la inseguridad, al crimen organizado o a la delincuencia común.
Cuando se sabe que el 60 % de los homicidios ocurridos en Cali son contra personas vinculadas a actividades por fuera de la ley, se confirma que este es el epicentro desde donde operan la mayor parte de las economías ilegales y donde se congregan las más variadas formas de organizaciones violentas de la región. También es evidente que las políticas locales de seguridad están fallando mientras aquellas destinadas a brindar oportunidades a la población, en especial a la más joven, para impedir que terminen siendo blanco fácil del crimen, no están alcanzando sus metas.
Por la complejidad que maneja la capital del Valle del Cauca, permeada por los problemas que ocurren a su alrededor, la intervención de la Nación es impostergable. Se necesita de una estrategia integral, que combine inteligencia policial, el fortalecimiento de la Justicia para que la impunidad no sea la gran aliada de los violentos, inversión social y el compromiso real de las autoridades locales y nacionales en la lucha por restablecer la seguridad en la ciudad y la comarca.
Sobre todo hay que devolver la confianza a los ciudadanos en su Fuerza Pública y en las instituciones, para romper la espiral de silencio y resignación que en general rodea a los asesinatos.
Cali no puede acostumbrarse a la violencia ni aceptar que cada fin de semana los homicidios se cuenten por decenas y cada año por miles. Lo que está en juego no son los indicadores de seguridad, sino el derecho mismo a la vida.