En tiempos de polarización es fácil olvidar una verdad elemental: las democracias no se miden cuando todo marcha bien. Se ponen a prueba cuando el poder encuentra límites. Es precisamente en los momentos de mayor tensión cuando se descubre si las instituciones son simples espectadores o verdaderos guardianes de la Constitución.
Durante los últimos cuatro años Colombia vivió uno de los periodos de mayor confrontación política de su historia reciente. El debate fue intenso. El lenguaje, muchas veces incendiario. Las diferencias parecían irreconciliables. Sin embargo, en medio de ese ambiente hubo una noticia que pasó casi desapercibida: las instituciones respondieron.
Muchos afirmaban que el Congreso era una simple notaría del Gobierno. Los hechos demostraron algo distinto. Varias de las reformas más importantes del Ejecutivo, como la de salud, la primera versión de la laboral o la ley de financiamiento, no lograron salir adelante. Otras, como la reforma laboral finalmente aprobada, solo vieron la luz después de profundas modificaciones y largas negociaciones. El Congreso no actuó como una oposición permanente, pero tampoco renunció a su función constitucional de debatir, corregir y, cuando lo consideró necesario, decir no.
Algo similar ocurrió con las altas cortes. En distintos momentos limitaron el alcance de las alocuciones presidenciales, frenaron el uso de facultades extraordinarias y recordaron que incluso el presidente de la República está sometido a la Constitución. Sus decisiones podrán ser compartidas o discutidas, pero enviaron un mensaje fundamental: en Colombia el poder público sigue teniendo límites jurídicos efectivos.
El sistema electoral también enfrentó una enorme presión. Hubo sospechas, cuestionamientos y un ambiente de desconfianza alimentado desde distintos sectores. Sin embargo, los escrutinios, las auditorías, los mecanismos de reclamación y la observación nacional e internacional permitieron verificar los resultados y preservar la legitimidad del proceso. La confianza en una democracia no nace porque no existan dudas, sino porque existen procedimientos transparentes para resolverlas.
Nada de esto significa que nuestras instituciones sean perfectas. No lo son. El Congreso necesita recuperar credibilidad. La justicia requiere mayor agilidad. El sistema electoral siempre puede fortalecerse. Pero una institución demuestra su valor precisamente cuando es sometida a presión y, aun así, mantiene la capacidad de hacer cumplir las reglas.
Quizá esa sea la principal enseñanza del cuatrienio que termina. El verdadero patrimonio de una democracia no es un presidente, un partido ni una mayoría circunstancial. Es la existencia de contrapesos capaces de impedir que cualquier gobernante concentre el poder sin límites.