En una sociedad en transición a la modernidad como la nuestra, es importante la forma como el Estado tramita la criminalidad, especialmente cuando esta tiene connotaciones políticas que pueden implicar reformas, revueltas o revoluciones. Se pueden distinguir alternativas, ya sea de integración por el acuerdo, o bien de sometimiento por vías represivas. Zanahoria y/o garrote, decía Mockus.
En Colombia, con referencia al conflicto armado, hemos pasado, desde 1982, por ensayos distintos de pacificación del país, algunos exitosos, otros no. El más importante ha sido el Acuerdo de Paz logrado con las Farc en 2016 en La Habana, que tuvo un plebiscito que lo negó por una mayoría de 60.000 votos y fue reformulado, presentado al Congreso y promulgado en el Teatro Colón.
Pero, en los últimos 10 años, ha sido muy difícil que importantes sectores sociales y políticos reconozcan el valor de los acuerdos y se logre una integración del sistema político que lo haga más legítimo. En el fondo, hoy se reproducen visiones alternativas que consideran, ya sea que hemos progresado como sociedad por los acuerdos, ya sea que hemos retrocedido, cedido ante la criminalidad y fomentado la impunidad.
Detrás de estas visiones hay actores, intereses, organizaciones políticas y retóricas que empujan a la ciudadanía a posiciones polares, por ejemplo, sobre la política de seguridad que se le debe dar al crimen, uno de los ejes de la campaña electoral.
De tiempo atrás, Iván Cepeda ha estado comprometido con políticas que buscan el reconocimiento del contradictor, distinguiendo actores que tienen motivación política y aquellos que no la tienen. Su padre jugó un papel importante con la Unión Patriótica, posteriormente él mismo, en los acuerdos con las Farc en 2016 y últimamente con la propuesta de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.
Esta visión la comparte la mitad del país político. La otra mitad, hoy representada por el candidato Abelardo de la Espriella, considera que se actuó con laxitud en la negociación con las Farc, especialmente con la JEP y con los mandos de las Farc. Estima que el país está desbordado ante una criminalidad creciente de distinto tipo y que se requiere fuerza militar y cárcel para controlarla y castigarla.
En la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, de la Espriella obtuvo 43,73 % de la votación y Cepeda, que se consideraba que iba punteando, sacó el 40,91 %, sobre un total de 23.668.108 votos que conllevan una participación cercana al 54 % del censo electoral. Los dos candidatos polares irán a la segunda vuelta y toda la atención se centra hoy en las adhesiones que cada uno pueda tener.
Importante: el centro político que busca el cambio social y la modernización dentro del orden y la democracia no tuvo éxito, especialmente Fajardo y Claudia López. Se compone de personalidades, desde Juan Fernando Cristo hasta Juan Daniel Oviedo, pasando por Roy Barreras, posibles dirigentes de la socialdemocracia que hace falta como partido, pero que no llegaron a acuerdos en su momento oportuno. A pesar de todo, el Centro sigue jugando y el millón de votos de Fajardo posiblemente se unan con Cepeda o voten en blanco.
Estas tres semanas son cruciales para que los dos candidatos aclaren sus programas y abran sus alianzas. Debería quedar claro que se la juegan dentro de los mecanismos electorales democráticos y no van a apelar a la violencia, en caso de perder. Sin duda, vamos a dar un paso adelante si logramos institucionalizar un esquema de gobierno-oposición, fundado en reglas democráticas. El papel de la Registraduría es clave para darle garantías y legitimidad a la votación ciudadana.