Empecé a participar activamente en el seguimiento de las elecciones colombianas en el año 2010. Desde ese año he escrito sobre votaciones presidenciales, legislativas y territoriales con las preocupaciones y los anhelos que cada contexto dicta.

La continuidad del proyecto uribista, la división por el futuro del acuerdo de paz, las discusiones interminables sobre cómo debe construirse el metro de Bogotá y el giro político de una mayoría hacia la izquierda han sido algunos de los asuntos que han definido las fascinantes elecciones colombianas en estos quince años. Poder seguir de cerca los procesos democráticos con atención y dedicación es algo que siempre he agradecido de mi profesión.

Sin embargo, puedo decir sin la menor duda que en estos quince años de elecciones nacionales, locales, consultas y un plebiscito, nunca había visto a un Gobierno Nacional participar tan abiertamente en la campaña como el de Petro, con el presidente y ministros en permanente modo de ataque a candidatos y partidos rivales, y de beneficio a sus amigos ideológicos.

El poder desbordado de la burocracia estatal y el presupuesto de cientos de billones son elementos capaces de inclinar la balanza política de una manera determinante y desequilibrada. Por eso la participación en campaña de los funcionarios públicos ha sido prohibida desde hace décadas en nuestro país: porque la chequera y la delicada información con que cuentan las entidades estatales deben mantenerse fuera de las dinámicas del partidismo. Los castigos, como suspensiones e inhabilidades a los funcionarios que participen en política, suelen aplicarse con severidad.

A nada de esto parecen temerle tantos funcionarios de la administración Petro, que con su desgastado comodín de ser un proyecto de cambio creen personificar la excepción a todas las normas que en el pasado han aplicado para los demás mandatarios. Sin el menor asomo de consideraciones éticas –y más aún cuando alertan la escasez de fondos públicos–, el Gobierno Nacional ha construido un aparato de propaganda desmedida con el sistema de medios públicos desde el cual ha empleado a una larga lista de opinadores digitales del petrismo. Los medios públicos, que antes mantenían una distancia respetable y profesional con el poder, ahora cumplen una labor de caja de resonancia de la ideología del partido dominante sin ningún asomo de pudor.

Es desolador, cuando menos, ver el sistema nacional de medios públicos convertido en el aparato de propaganda y de teorías conspirativas de un presidente que a diario apuesta por minar la credibilidad en las instituciones. A su vez, como hace pocos días les contaba desde este espacio, la Contraloría ha advertido el aumento en la firma de contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, que ha superado en un 30% los contratos previos a la misma temporada en 2022. A diario, congresistas y medios de comunicación denuncian que influenciadores digitales del petrismo reciben enormes contratos sin responsabilidades ni tareas claras.

Mientras tanto, el presidente ha incorporado de forma permanente en sus discursos e intervenciones las referencias sin ambigüedad a la campaña presidencial. En abierto desafío a la responsabilidad que la ley y la ética pública le exigen, Petro advierte a sus electores cómo deben votar en los comicios y ataca desde sus pronunciamientos a los candidatos de otros partidos. Pero lo más grave de todo es, sin duda, la forma en que ha decidido introducir dudas en la credibilidad de las instituciones electorales y en posibles resultados que desfavorezcan a su partido. En todo momento, su vocación de agitar y dividir le ha ganado al tono de estadista que se esperaría de su lugar.

El silencio de la Procuraduría frente a la participación irrestricta y sin asomo de vergüenza del gobierno en la campaña es especialmente aterrador. De fondo, a diario se hace cada vez más visible la preocupante desigualdad de condiciones políticas en estas elecciones, mientras la administración pone todo su aparato de poder a favor de su elegido (¿o elegidos?).

Una prioridad del próximo gobierno debe ser rescatar la credibilidad de los medios públicos del momento de excesiva politización en que han caído. Y también, el nuevo presidente debe comprometerse con que nunca más la plataforma del gobierno será puesta al servicio de sus amigos ideológicos en campaña.

@fernandoposada_