La revelación del denominado Pacto de Valledupar es tan grave como indignante. Las denuncias de familiares y allegados de Germán Vargas Lleras apuntan a un presunto intento de instrumentalizar a antiguos jefes paramilitares para desprestigiar a detractores del petrismo. Corresponde a la justicia esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Pero mientras algunos habrían pretendido mancillar su nombre, el país tiene razones de sobra para reivindicar su legado, especialmente en materia de vivienda e infraestructura.

Precisamente, durante el más reciente Congreso de Camacol, el sector rindió un homenaje póstumo a Vargas Lleras, reconociendo sus aportes a la construcción y a la lucha contra el déficit habitacional. Y no es para menos. Su gestión contribuyó a materializar el programa de las primeras 100.000 viviendas gratuitas, demostrando que la articulación entre Estado, constructores y entidades territoriales puede transformar la vida de miles de familias. Un legado que merece continuidad sin importar la línea política e ideológica del mandatario de turno.

Esa convicción inspira el Proyecto de Ley Mejor es Vivienda, iniciativa presentada por la bancada de Cambio Radical para honrar su memoria y convertir programas exitosos en políticas de Estado.

En términos generales, la propuesta contempla mecanismos para facilitar el acceso a la primera vivienda, proteger los subsidios reconocidos, estabilizar los precios de la vivienda de interés social (VIS) y ampliar las posibilidades de financiación para trabajadores independientes. Su propósito es claro: evitar que los cambios de gobierno interrumpan los esfuerzos de los hogares de menores ingresos.

Según Camacol, el Gobierno De la Espriella recibió un sector golpeado, con ventas de vivienda nueva que habían caído 33,6 % e iniciaciones 42,9 % frente a 2022. A esto se suma que el Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla aproximadamente $7,3 billones para el Ministerio de Vivienda y FonVivienda, pero apenas $726 mil millones de inversión corresponden a soluciones de carácter habitacional.

En ese contexto preocupan las declaraciones del ministro Jaime Andrés Beltrán, quien reconoció las restricciones presupuestales que impiden reactivar, por ahora, los subsidios para compra de vivienda. Algo que, si bien es comprensible porque Gustavo Petro gastó como nunca antes y dejó unas finanzas maltrechas, no impide buscar alternativas de financiación, alianzas público-privadas e incluso recursos de cooperación internacional para contrarrestar los déficits cuantitativo y cualitativo.

Cabe recalcar que la falta de techo no es una preocupación exclusivamente colombiana. Las movilizaciones en España y Portugal, así como el creciente malestar social en Francia, reflejan las dificultades de las nuevas generaciones para acceder a condiciones de vida dignas. El encarecimiento de los arriendos y la vivienda ha convertido la independencia en una aspiración cada vez más lejana para millones de jóvenes. Debemos aprender de esas experiencias.

Pero existe una urgencia todavía mayor: la reconstrucción del Suroccidente y otras regiones. El terremoto de agosto dejó más de 255 mil viviendas afectadas en 16 departamentos y una cuenta estimada en reparaciones que superará los $19 billones. Una emergencia que exige al Gobierno Nacional agilizar la puesta en marcha del Fondo Milagro y adoptar una estrategia integral para atender a los damnificados.

Más allá de cualquier intento de desprestigiar su memoria, el mejor homenaje que la patria puede rendirle a Vargas Lleras será preservar aquello que distinguió su gestión: transformar las necesidades de la gente en resultados, mediante ejecución, cumplimiento de metas y políticas con vocación de permanencia. Porque una casa es mucho más que un lugar… es patrimonio, seguridad y la posibilidad de conformar nuevas familias.