Inicia la discusión del presupuesto de la Nación para el 2027. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lo presentó hace unos días por un monto de $635 billones, $60 billones superior al presentado por el gobierno Petro en julio pasado y que el Congreso devolvió por insostenible. Un incremento de $89 billones frente al de 2026, que está desfinanciado. No en vano el nuevo gobierno indicó que lo recortará en $22 billones. Por eso ha llamado la atención.
El Ministro lo llamó presupuesto de la verdad, pues responde a un sinceramiento de los gastos y, por consiguiente, los ingresos que a su juicio se requieren. El anuncio dejó frío a algunos y al descubierto que Gustavo Petro y su ministro Ávila le mintieron al país. Revela La Silla Vacía que el valor de los rubros ocultos, es decir, desfinanciados, supera los $23 billones y que el saldo, $37 billones, corresponde a deuda, con un incremento del 32 %.
No causa extrañeza. La irresponsabilidad del ministro de Hacienda saliente desborda los cánones éticos y penales. En el gobierno de Petro, la nómina se incrementó en $22 billones, la deuda alcanzó el 60 % del PIB y el déficit fiscal el 7,8 %. Y si fueran poco los billones que aceitaron la campaña de Iván Cepeda y el Pacto Histórico al Congreso, funcionarios de ese régimen nefasto se despacharon $10 billones al inicio del nuevo gobierno.
De ahí la gravísima situación fiscal que enfrenta el gobierno de Abelardo de la Espriella. El ministro Gómez ha señalado que la financiación se haría principalmente con mayor endeudamiento (así lo refleja el presupuesto) y no con impuestos, aunque estos resultarían inevitables. Más cuando lo asignado al sector salud para 2027 incrementa sólo $2 billones (se requieren mínimo $10 billones) y se desconoce cuánto costará la reconstrucción por el terremoto.
A medida que inicia la discusión del presupuesto en el Congreso, empieza a evidenciarse además que el proyecto no elimina de un tajo los subsidios del gobierno anterior y que estaría lejos de una reducción del gasto del 40 %. Lo cierto es que la fusión de ministerios y eliminación de entidades ayuda -y gusta a la galería- pero no son fáciles, pues la desvinculación de funcionarios es lenta y costosa y, la verdad, ahí no está el problema del gasto público.
Si a lo anterior se suma el fortalecimiento fiscal de las regiones vía ley de competencias y recursos, la pregunta es obvia: ¿de dónde va a salir tanto dinero? Los departamentos y municipios no van a aceptar responsabilidades si no vienen acompañadas de recursos y la cobija presupuestal, hecha de retazos fiscales y deuda, no estira ilimitadamente. Se aconseja un análisis profundo del gasto y los ingresos, para no llamarse a engaños.
Se avizora entonces una discusión de fondo en el Congreso, pues si bien el sinceramiento del Ministro Gómez fue oportuno, es la punta de lanza de una negociación para llegar a un presupuesto más acotado que incorpore una reducción importante en el gasto. Es de esperar que el 15 de septiembre, cuando se debe aprobar el monto del presupuesto, se supedite a nuevos impuestos y a otras medidas impopulares, haciendo copartícipe al Congreso.
El país requiere con urgencia y en el marco del sinceramiento que presenta el Ministro, un diálogo descarnado de la dimensión del lío en el que estamos y cómo reducir el gasto público en el tiempo. Para lo cual se espera el concurso patriótico del Congreso, las luces de los centros de pensamiento, la academia y los gremios, pedagogía desde los medios y una dosis de paciencia y disposición del Gobierno para construir consensos.