Columnistas
La protesta
Si las autoridades no son capaces de preservar el respeto mutuo de los derechos están propiciando, entonces, el surgimiento de la violencia y del salvajismo y, así, la vida se hace imposible.
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5 de sept de 2026, 12:39 a. m.
Actualizado el 5 de sept de 2026, 12:39 a. m.
En estos días, los medios de comunicación han registrado doctrinas tanto de la Corte Suprema de Justicia, como del Consejo de Estado que ponen en su lugar, el legítimo derecho de la protesta social y reiteran la obligación por parte de los protestantes de respetar los derechos de los demás ciudadanos.
Es que resulta muy contradictorio que el ejercicio de un legítimo derecho, como el de la protesta social, este fundamentado en la violación flagrante del derecho de los demás ciudadanos. Así no puede funcionar un estado social de derecho; el uso legítimo de la protesta social si se desborda, si no respeta el derecho a la propiedad, el respeto a la libertad de movimiento y otros más es una invitación clara y contundente a la violencia. Precisamente el ejercicio de la protesta social pacífica es la negación de la violencia. Es una conquista que busca superar otros mecanismos para hacerse escuchar o para hacer llegar una voz de desacuerdo frente a decisiones de las autoridades legítimas..
Y se comete una gran equivocación por parte de las autoridades, cuando al tiempo que respetan un derecho legítimo permiten que se irrespeten otros derechos que son igualmente legítimos... Como advierten las sentencias que comentamos no existen derechos absolutos, o sea derechos que no reconocen limitaciones y que se ejercen con la idea de que se puede atropellar al resto de la ciudadanía o al vecino o al patrono o al dueño de una empresa. Lo que permite que una sociedad civilizada funcione apropiadamente es, ni más ni menos, el reconocimiento de que todos los derechos tienen límites y es esa condición la que nos permite convivir, la que nos permite vivir en santa paz, en armonía. El no respetar esos límites es el ejercicio de la ley del más fuerte, o sea la ley de la selva qué es la que hace que el salvajismo sea lo que caracteriza el comportamiento de la ciudadanía.
El comportamiento civilizado y no el salvaje es el que ejerce sus derechos legítimos con el debido respeto a los derechos legítimos del prójimo, de los demás, de toda la ciudadanía. Si las autoridades no son capaces de preservar el respeto mutuo de los derechos están propiciando, entonces, el surgimiento de la violencia y del salvajismo y, así, la vida se hace imposible. Practicar ese salvajismo es lo que lleva a muchos a anunciar que van a hacer invivible la República. Pues eso no se puede permitir de ninguna manera. Ya estamos viendo, y no es la primera vez, ese comportamiento salvaje en los estadios. Igual puede producirse en los eventos musicales o de otra naturaleza. Y en la vida universitaria sí que son inaceptables totalmente, porqué la universidad es, afortunadamente, el templo sagrado del desacuerdo, de las opiniones diferentes que se tramitan, con el mayor respeto y, en ocasiones, con enorme admiración.
No es aceptable la complacencia o la complicidad o el silencio frente a comportamientos que impiden la armonía social, la convivencia y el buen trato entre los ciudadanos aún en circunstancias de protestas propias de una democracia plena. Propiciar o tolerar esos comportamientos es contribuir al debilitamiento de esa democracia.

Experto en Ciencias Políticas, profesor y diplomático. Estuvo vinculado a la Universidad de los Andes por 23 años, durante los cuales enseñó Ciencia Política y ocupó varios cargos como Rector Encargado, Vicerrector y Decano de Ciencias Políticas, entre otros. Se ha desempeñado como Embajador en Canadá, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Embajador en Inglaterra, Ministro Plenipotenciario en Washington y encargado de Negocios. Fernando Cepeda Ulloa ha sido Ministro de Gobierno, de Comunicaciones, Consejero Presidencial y Viceministro de Desarrollo Económico.







