Los amables lectores dispensarán que vuelva sobre un tema que ya ha sido objeto de mis comentarios. Sin embargo, la cuestión sigue sin ser resuelta y compromete hondamente el futuro de esta ciudad de nuestros amores.
El Distrito de Cali afronta una grave crisis en materia de normatividad urbana. Tiene plazo hasta la primera semana del próximo mes de enero para adoptar su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), o de lo contrario quedará en vigencia otro expedido en el año 2000. Este es a todas luces insuficiente frente a la dinámica exigida por las actividades urbanizadoras y constructivas.
El problema es que el proyecto de POT elaborado por Planeación Distrital con anterioridad al terremoto del mes pasado no es el instrumento que la ciudad necesita. La afirmación no es exagerada, tampoco proviene del capricho o del ánimo opositor. Tanto así que en sentido igual se pronunció el Concejo Municipal de Planeación, cuyo concepto debe rendirse para la expedición de un nuevo POT.
Las glosas sobre el proyecto, expresadas con transparencia y valor civil, mencionan una pobre respuesta a los desafíos del cambio climático; ausencia de protección efectiva de los bordes urbanos; insuficiencia de suelo urbano para evitar la informalidad; falta de claridad y precisión de la cartografía; carencia de compromiso para solucionar los problemas de habitabilidad que aquejan a los sectores vulnerables; omisión durante el trámite de la publicidad y participación ciudadana exigidas por la ley.
La aprobación del POT debe continuar ahora ante el Concejo Municipal, pero mal haría la corporación edilicia en desoír las advertencias e imponer un instrumento cojo, cuyos errores de trámite son evidentes y que los ciudadanos no ven como solución a sus necesidades. Menos aún responde al sueño colectivo sobre la Cali del futuro, urbe que no quisiera celebrar sus primeros quinientos años con una carta de navegación inapropiada que aplasta sus anhelos, encadena su potencial y no resuelve sus palpitantes problemas.
El proyecto que quieren imponer contiene defectos francamente irremediables:
1- El modelo de ocupación territorial alude a una estrategia de redensificación intensa sobre algunas de las zonas más afectadas por el terremoto. Atender esta determinante de forma responsable significa garantizar la inclusión de la sísmica de suelos vigente y los estudios complementarios que correspondan. Tal proceder significa excluir algunos territorios e incluir otros más confiables para salvar vidas caleñas. El asunto requeriría la apertura de ese trámite complejo y desgastante conocido como concertación ambiental.
2- El mismo modelo de ocupación dispone sacar del Distrito al menos sesenta mil de las viviendas requeridas para atender el déficit existente. Esa medida significa el cuantioso sacrificio de rentas por predial, complementarios y servicios que beneficia a los municipios vecinos. Un hueco que, ante el nivel de endeudamiento distrital, tendremos que cubrir los caleños con el aumento de nuestros propios impuestos. La pregunta es: ¿dónde están, por qué no se han dado a conocer los estudios que debió elaborar Hacienda Distrital para avalar una propuesta que significará demérito patrimonial y rentístico?
3- El proyecto de POT habla de redensificar, desarrollar, expandir la ciudad, pero no tiene un insumo esencial que es el Plan Maestro de Servicios Públicos a cargo de Emcali. La falta de ese referente técnico de obligatoria aplicación por curadores y servidores oficiales lleva a que la nueva normativa quede sujeta a caprichos y prejuicios de los funcionarios, como los observados al escoger las nuevas zonas de expansión urbana. Un episodio en el que, sin soportes técnicos ni explicación, se excluyeron sectores con suelos confiables y servicios públicos conformados, para incorporar otros que no poseen aquellas ventajas.
Somos muchos los que nos hemos puesto en la tarea de buscar una salida para la encrucijada urbanística que experimenta Cali, pero mis conclusiones no son alentadoras:
—Por razones legales, es improbable que el Tribunal Administrativo del Valle acceda a la petición de grupos ciudadanos y el propio distrito, para extender más allá de enero el tiempo que se necesita para confeccionar un buen POT.
—Los caminos que quedan para lograr un plazo mayor suponen actuaciones judiciales de duración impredecible y resultado incierto.
Consultando con especialistas en derecho público y urbano, se llega a la conclusión de que el único medio eficaz para superar el limbo presente está en manos del Gobierno Nacional. Se trataría de la expedición de un decreto con fuerza de ley en el marco de la emergencia que regule las condiciones para la elaboración del nuevo POT caleño. Este proceder permitiría simplificar trámites, abreviar términos y atraer la participación de los ministerios del Medio Ambiente y Vivienda, cuya experiencia y agilidad son indispensables ante una situación como la que afrontamos. El equipo puede complementarse con la participación del Departamento de Planeación Distrital, cuya planta profesional y técnica ahora se ha fortalecido y renovado.
Señor Presidente De La Espriella, por favor, acuérdese de Cali. La sugerencia que respetuosamente se presenta permitiría que el nuevo alcalde AD HOC, cuyo nombramiento está en ciernes, cuente de entrada con la bitácora para expedir rápidamente el excelente Plan de Ordenamiento Territorial que tanto necesitamos.