La Ley de Garantías Electorales es un conjunto de normas que restringen el gasto y la contratación pública en períodos previos a las elecciones legislativas y de Presidencia para asegurar la transparencia, la neutralidad y la igualdad entre candidatos y partidos, prohibiendo el uso de recursos públicos para proselitismo, para impedir ventajas indebidas. Medidas pensadas para una emulación justa entre quienes aspiran a ejercer el poder.
Establece limitaciones en la contratación estatal, nombramientos oficiales y el uso de bienes y recursos públicos. Regula, además, los medios de comunicación, la publicación de encuestas y la publicidad estatal. En el caso de los convenios interadministrativos, los prohibió desde el 8 de noviembre de 2025 y en la contratación general directa, desde este 31 de enero. Ello, para evitar la incidencia indebida de los gobernantes en las elecciones.
Medidas bien intencionadas convertidas en rey de burlas. En los últimos días y a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías, se conoció la creación de 800 cargos de planta en Colpensiones. A inicio de año sucedió lo mismo con 1141 puestos temporales en el Ministerio del Trabajo. El 31 de diciembre pasado se habían inventado 2353 cargos en el Instituto de Bienestar Familiar y en la Presidencia de la República 4294 en total.
En estos casos es evidente el propósito de esquivar la entrada en vigencia de la Ley de Garantías; nuevos puestos de trabajo a pocos meses de terminar el Gobierno e inicio del debate electoral. Pero la jugada maestra del presidente Petro y el Pacto Histórico fue el incremento del salario mínimo en un 23 % y la disminución en el 32 % del ingreso de los congresistas como arma electoral, como lo evidencian las vallas que empiezan a aparecer por el país.
“Subimos 23 % el salario mínimo, bajamos 32 % el salario de los congresistas. El 8 de marzo vota Pacto Histórico, Cámara y Senado. Iván Cepeda, presidente”. Este texto, con fotos de Petro y el candidato señalado, empieza a ocupar el espacio público. Prueba de que ambas decisiones corresponden a un fin político, si alguien tenía duda al respecto. Los salarios como herramienta política, nada más efectivo para afianzar electores. Hecha la ley, hecha la trampa.
Pierden el tiempo quienes cuestionan el aumento del salario mínimo. Su impacto en el empleo formal y su presión en el costo de vida, que empiezan a presentarse y que con los días se anticipa demoledora, no compite con el efecto electoral de la medida. Los 2,4 millones de trabajadores beneficiados y sus familias, que devengan el salario mínimo, están felices y es entendible. Igual, aquellos cuyos ingresos están indexados a dicho referente salarial.
En el caso de la eliminación de la prima especial de servicios de los congresistas, ni se diga. Millones están de plácemes, pues el Congreso como institución goza de una pésima imagen, aunque los congresistas a título individual gozan del respaldo de sus electores. Pocas medidas más populares que la anunciada por el Presidente; anunciada, pues no cobija a los actuales legisladores, sino a los nuevos. Pero el efecto político es inmediato.
Ninguna medida logra garantizar una competencia justa al lado de un presupuesto de $ 557 billones al servicio de un objetivo electoral, ni la prerrogativa de subir el salario mínimo y hacer populismo salarial con el ingreso de los congresistas. Para no ahondar en el impacto de la mesada para los viejos, la proliferación de contratos con organizaciones de base y grupos étnicos, y el dinero del narcotráfico y la presión política de las organizaciones criminales, que, sin duda, volverán. Mientras tanto, la oposición al régimen, fragmentada.