Cali y la subregión del Norte del Cauca y Sur del Valle, incluyendo a Dagua y Buenaventura, son un caso especial de presencia de grupos armados ilegales que amerita pensar el tema en conjunto para una solución. Esta es una región que mueve una enorme riqueza que en parte se exporta. A lo largo y ancho, convive lo legal con lo ilegal en los más diversos ámbitos.

Los comportamientos mafiosos son pan de cada día. Claro está que no toda la sociedad es mafiosa y subsisten también, en toda la organización social, formas de civilidad, en medio de una ciudadanía sometida. Es el foco de la esperanza.

En esta situación, no se le puede atribuir al Alcalde Cali, proclive a dialogar, el aumento de la inseguridad en la ciudad. Tampoco a la Gobernadora, proclive a la presencia policial y militar y tampoco al Gobierno Nacional, que está bastante confundido con una política de Paz Total que le ha hecho concesiones inaceptables a actores ilegales con los que dialoga, sin que se desarmen, ni entreguen sus bienes, mientras siguen delinquiendo. En el Consejo de Ministros, televisado de la semana pasada sobre el tema de seguridad, se hizo evidente la desorientación del Presidente.

El tema de la Seguridad es clave en la agenda nacional. Es inaceptable la posición de grupos de extrema izquierda que piensan que “la violencia es necesaria” para poder llegar a una sociedad mejor. Tampoco es aceptable la posición de grupos de extrema derecha que consideran que se debe “armar a los ciudadanos de bien”, para poder luchar contra el crimen, legitimando el paramilitarismo.

En este momento, se requiere respaldar a las Fuerzas Armadas del Estado para que actúen, siempre dentro de la ley. Se necesita fortalecer la inteligencia, reconsiderar el armamento y las estrategias adecuadas a la nueva forma del conflicto armado. Pero, sobre todo, se requiere una orientación, clara y consistente, para guiar la acción, desde el Presidente hacia abajo. Recientemente, la sociedad colombiana ha sufrido una nueva ola de terrorismo en diferentes regiones del país.

Hay continuidades con el terrorismo del pasado, agenciado por los carteles de Medellín y Cali, o por grupos guerrilleros como las Farc, por ejemplo con el atentado al Club El Nogal en Bogotá, o el carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía, hecho perpetrado por el Eln. El denominador común es el asesinato de civiles inocentes o de miembros de las Fuerzas Armadas que no están en combate. Pero, el terrorismo de los últimos años tiene rasgos específicos: está diseminado, en distintas organizaciones y en regiones muy diferentes.

En la mayoría de los casos, las víctimas son miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Policía y del Ejército, pero han caído también ciudadanos comunes y corrientes. Los grupos a los que se les atribuye el terrorismo no tienen una motivación ‘política’, por la toma del poder del Estado, como pudo serlo en el pasado. Su motivación radica en tener el control y dominio de territorios específicos, valiosos por los recursos ilegales que allí se mueven. También buscan el acomodo y sometimiento de las poblaciones y sacar provecho de las autoridades locales.

En algunas zonas, prestan servicios públicos y ejercen justicia como forma de lograr la aceptación de la población. Para lograr sus objetivos, o bien se acomodan con las Fuerzas Militares y de Policía, o bien encuentran en estas un obstáculo y las enfrentan, precisamente más con acciones terroristas que con combates abiertos.

Hay hechos recientes que permiten pensar que la violencia se debe al cerramiento del territorio que intentan las Fuerzas Armadas.