La noticia se conoció en marzo de 2022: “La Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yotoco, Valle del Cauca, por operar cámaras de fotodetección en tres zonas sin la debida señalización, incumpliendo los requisitos técnicos correspondientes”.

En otras palabras, las fotomultas con las que el municipio de Yotoco sancionaba a los viajeros que transitaban por la carretera Panorama fueron sancionadas justo por lo que denunciaban los conductores: “están escondidas”.

La noticia continuaba: la Superintendencia ordenó suspender la operación de esos sistemas hasta cumplir las disposiciones legales y se impuso una multa a la autoridad de tránsito por no suministrar información en los términos requeridos. Era la primera vez que se imponía una sanción de ese tipo a un organismo de tránsito en Colombia.

En un país institucionalmente coherente, serio, eso conduciría a una consecuencia lógica: si el sistema fue sancionado por incumplir la ley, los comparendos derivados de ese sistema deberían revisarse. Pero no ocurrió así. Cientos de ciudadanos siguen hoy con sanciones vigentes e incluso con procesos de cobro coactivos originados en esas foto multas cuya operación fue oficialmente sancionada.

Tras un derecho de petición que uno de los afectados envió, la Secretaría de Tránsito de Yotoco respondió negando que existiera una orden firme de suspensión de los operativos de detección electrónica. Es decir, la sanción de la Superintendencia de Transporte no sirvió de nada para los ciudadanos afectados.

Estoy de acuerdo con el uso de sistemas de fotodetección. Bien señalizados, transparentes y ajustados a la norma, contribuyen a la seguridad vial. El problema no son las fotomultas. El problema es cuando dejan de ser prevención y empiezan a parecer más bien un negocio.

Como está diseñado hoy el sistema de fotomultas, el ciudadano sancionado por un dispositivo irregular queda, en la práctica, solo. Las mismas secretarías de tránsito imponen el comparendo, acusan, recaudan y también se encargan de resolver los recursos en contra. Son juez y parte. Para controvertir de fondo, habría que acudir a un juez. Eso implica tiempo, plata y abogados. El resultado: muchos terminan pagando no porque estén convencidos, sino porque defenderse cuesta mucho más. Y el proceso cansa.

Lo más desmoralizante no es la multa en sí. Es la sensación de quedar atrapado en un modelo que invoca la seguridad vial, pero opera con lógica de recaudo, donde el ciudadano termina reducido a una variable financiera. Incluso cuando una autoridad nacional reconoce fallas graves —como la ausencia de señalización—, el efecto para el afectado puede ser ninguno: la respuesta sigue siendo la misma: ‘pague’.

Hay además preguntas que siguen abiertas. La carretera Panorama es una vía nacional. ¿Existe un convenio que habilite formalmente al municipio para operar fotodetección en ese corredor? Esa información debería ser pública y fácilmente verificable. Además, ¿puede un banco ejecutar un cobro coactivo, como los cientos que tiene abiertos la Secretaría de Tránsito de Yotoco, producto de comparendos impuestos por cámaras que no cumplían la norma?”.

Por cierto, la mayoría de los sancionados no viven en Yotoco. Para gestionar acuerdos de pago deben desplazarse hasta ese municipio, y encima, si logran un acuerdo de pago, después viajar a Buga para consignar, pues en Yotoco no hay sede del banco correspondiente. El trámite termina siendo tan enredado que desincentiva cualquier intento de defensa o negociación.

Las fotomultas son necesarias para la seguridad vial. Los abusos, no. Ya es hora de que se le ponga atención a las arbitrariedades que se cometen con estos dispositivos. Un Estado que sanciona con sistemas ilegales, que cobra muchas veces sin notificar y que obliga al ciudadano a ir a un juez para que le reconozcan lo evidente, acaba con la confianza hacia las instituciones. De momento la sensación del ciudadano es de estar maniatado y que detrás, más bien, lo que interesa no es lo que se dice de dientes para afuera, la seguridad vial, sino el negocio millonario detrás de los comparendos.