Escribo estas líneas con un nudo en el corazón que también enreda las palabras. No es fácil mirar el rescate de las víctimas entre el polvo, las sirenas y el concreto destruido. Pero, en medio de la tragedia, tampoco es posible ignorar la fuerza de la solidaridad de desconocidos avanzando movidos por un mismo propósito.
Ninguno habría podido levantar por sí solo las enormes piezas de los edificios colapsados, pero juntos fueron pasando los escombros de mano en mano. Unos buscaban sobrevivientes; otros llevaban agua, atendían a los heridos o acogían a quienes ya no podían regresar a sus hogares. En medio de tanta destrucción, una ciudad herida comenzó a sostenerse con las manos de su propia gente.
Esta tragedia nos recuerda que un país se sostiene sobre columnas y cimentaciones, pero también sobre las manos que se extienden cuando alguien cae. Sobre las ruinas, una Colombia que suele permanecer oculta tras la desconfianza y las divisiones se levanta en sus ciudadanos, que ayudan sin preguntar cómo piensa el otro, de dónde viene o por quién votó.
Ahora debemos evitar que esa solidaridad desaparezca. Ayudar no consiste únicamente en retirar escombros; también significa impedir que ocurra el siguiente. La solidaridad está en el propietario que consulta antes de derribar un muro; en la administración que conserva los planos; en el ingeniero que se niega a firmar aquello que no verificó; y en el funcionario que inspecciona, aunque nadie lo esté observando. Cada uno protege, desde su lugar, la vida de personas que quizá nunca llegará a conocer.
Colombia cuenta con la norma sismorresistente NSR-10, con mecanismos de supervisión técnica y certificados de ocupación. Sin embargo, una vez entregada una edificación, su historia suele dispersarse entre curadurías, constructoras, alcaldías, notarías y administraciones. Pasan los años, cambian los propietarios y se pierden los planos, las advertencias y la memoria de las modificaciones. Podemos hacerlo mejor. El país necesita convertir la prevención en un gran acuerdo de cuidado colectivo.
Un Registro Nacional de Seguridad Estructural permitiría reunir la antigüedad, las licencias, los planos, las inspecciones y las intervenciones relevantes de los edificios de ocupación colectiva. Hospitales, colegios, conjuntos residenciales y centros comerciales deberían revisarse periódicamente de acuerdo con su antigüedad, uso y nivel de riesgo.
Nadie necesita otra oficina ni formularios que nadie consulte. Una familia debería poder conocer la historia del edificio donde duerme; un médico, saber si el hospital donde trabaja puede continuar operando después de un sismo; una comunidad, no tener que esperar una tragedia para descubrir que las advertencias existían, pero permanecían archivadas en lugares distintos.
La transparencia también es una forma de solidaridad. Las universidades, las asociaciones profesionales, los laboratorios y las aseguradoras pueden aportar especialistas, información y capacidad técnica. La solidaridad no reemplaza a las instituciones; les recuerda su propósito común.
El suelo volverá a moverse. Que nos encuentre organizados, con los planos en la mano y no bajo los escombros.