Hay noticias que no necesitan celebración, pero sí dan gran alivio. La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad pertenece a esa categoría.
Empecemos por una precisión: luchar contra la pobreza, la discriminación y las desigualdades sociales es legítimo y necesario. Colombia tiene enormes brechas y millones de personas que necesitan oportunidades, seguridad, educación, empleo y protección. El problema no fue la igualdad. Fue creer que para defenderla era necesario crear un ministerio de semejante tamaño.
El Ministerio de Igualdad nació en 2023 durante el gobierno Petro/Márquez. Su propósito era ambicioso: combatir las desigualdades económicas, políticas y sociales y proteger a poblaciones discriminadas o abandonadas por el Estado. Mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, población LGBTIQ+, habitantes de calle, migrantes y personas en condición de pobreza quedaron bajo el enorme paraguas de la nueva institución. La filosofía parecía construir un Estado más sensible. Pero gobernar no consiste solo en identificar una causa justa; el verdadero desafío es convertirla en políticas públicas que produzcan resultados.
Y ahí comenzaron las dificultades. Colombia ya contaba con ministerios, departamentos administrativos, institutos y entidades encargadas de atender la mayor parte de las poblaciones que el nuevo ministerio pretendía proteger. La pregunta era inevitable: ¿cuánto más Estado necesitábamos para hacer funcionar el Estado que ya teníamos?
En lugar de convertirse en una instancia pequeña de coordinación y orientación, el Ministerio terminó construyendo una estructura cuantiosa, con viceministerios, direcciones, oficinas y una burocracia que duplicaba lo existente. Y aquí aparece una regla elemental de la administración pública: una institución no demuestra su utilidad por el número de oficinas que tiene, sino por los problemas que logra resolver.
La alternativa no es abandonar a quienes necesitan protección, sino integrar esas políticas en las instituciones que ya existen. Mujeres, campesinos, comunidades étnicas, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y población vulnerable no necesitan un ministerio distinto para cada problema: necesitan que Trabajo, Salud, Educación, Agricultura, Vivienda, Justicia, Prosperidad Social y las entidades territoriales funcionen mejor y coordinen sus esfuerzos. Un mecanismo pequeño de coordinación desde la Presidencia y el DNP podría establecer metas de reducción de brechas, asignar responsabilidades y medir resultados, sin crear nuevas capas burocráticas. Se trata de pasar de una política basada en crear instituciones para atender poblaciones a una política transversal basada en resolver problemas.
El gobierno de Petro escogió un camino innecesario. El Ministerio llegó cargado de discursos, programas, promesas, expectativas y altos costos. Sin embargo, los resultados fueron difíciles de percibir. La ejecución presupuestal fue baja en varias de sus primeras vigencias y la distancia entre lo anunciado y lo realizado terminó siendo difícil de ocultar.
El ciudadano no vive de presupuestos anunciados. No se alimenta de una apropiación presupuestal. No consigue empleo porque existe una dirección ministerial. No deja de ser víctima de violencia porque se haya firmado un convenio. El ciudadano necesita resultados, no organigramas.
La Corte Constitucional cuestionó la forma en que fue creada la institución y declaró inexequible la ley que le dio vida, entre otras razones por falta de análisis de su impacto fiscal. La decisión fue diferida para permitir una transición y evitar un vacío institucional. La advertencia era importante: desde el comienzo había una pregunta que necesitaba una respuesta clara: ¿cuánto costaría mantener este Ministerio y qué resultados justificarían ese costo? Esa respuesta clara nunca llegó.
Y ahora llega el desenlace: el Ministerio de Igualdad está en liquidación. Esto no significa liquidar la lucha contra la desigualdad, que no va a desaparecer porque se cierre un ministerio. Seguirán existiendo mujeres que necesiten protección, campesinos que reclamen oportunidades, comunidades marginadas que requieran atención, jóvenes que busquen educación y empleo y familias que pidan un Estado que les responda. Lo que desaparece es un gasto innecesario y la posibilidad de asignar un presupuesto donde esté la solución.
Los gobiernos tienen una tentación permanente: cuando descubren un problema, crean una oficina; cuando continúa, crean una dirección; cuando la dirección no alcanza, crean un viceministerio. Y así, el Estado crece mientras los problemas permanecen. Colombia no necesita más burocracia para saber que existen pobreza, discriminación y desigualdad, sino presupuestos bien asignados, recursos que lleguen a quienes los necesitan, programas con objetivos claros y funcionarios que respondan por sus resultados.
La igualdad es una causa demasiado importante para quedar atrapada en una estructura administrativa.
Gobernar bien no consiste en crear algo nuevo; consiste en hacer funcionar lo que ya existe.
Y en un país con enormes necesidades sociales, restricciones fiscales y recursos limitados, quizá sea hora de recuperar una vieja regla de la administración pública: menos burocracia, más resultados.