Como van las cosas, nuestro país se dirige no solo hacia un escenario de mayor fractura y polarización sino hacia uno de estallidos de violencia. De eso estoy persuadido. No tengo duda de que ocurrirán más temprano que tarde y para decir esto no se requiere ser un agudo analista político sino estar haciendo una lectura diaria de lo que se dice y propone de un lado y el otro: el que será a partir del 7 de agosto de 2026 el gobierno entrante y la que será para entonces la oposición política.

Ingenuamente algunos dicen que la polarización es buena y que hace parte del juego de lo democrático pero creo que se equivocan. Una cosa es la dinámica gobierno-oposición que incluso hace mucho tiempo se pretendió implantar en Colombia y que funciona bastante bien en otros contextos, pero en Colombia ese esquema no es civilizado, implica una profunda fractura de la sociedad (más parecida a una gran herida) y camina tentadoramente por los bordes de lo que no es ni democrático ni pacífico.

La posibilidad de que Colombia arda en llamas y violencia es real. Desde la derecha se acusa a la izquierda de tener ese propósito como producto de haber perdido las elecciones y algunos insinúan peligrosamente que incluso eso pertenece a su ADN. Es cierto que en muchos lugares de la izquierda habitan concepciones y prácticas violentas, incluyendo las de grupos armados ilegales, pero eso no da para calificar a la izquierda democrática, la misma que estuvo en el poder y ahora hará oposición, de ser por naturaleza violenta.

En un clima de intolerancia como el actual suceden cosas como llevar a extremos la declaración de una líder juvenil de la Juventud Comunista cuando dijo algo así como que había que hacerle la vida imposible a Abelardo de La Espriella, saliendo a las calles de forma permanente a protestar. No dijo, sin embargo, que hubiera que hacerlo de forma violenta o por fuera de los límites que la propia Constitución garantiza para el derecho a la protesta y para hacer oposición. No es entonces una invitación cómoda pero eso tampoco la hace ilegítima o ilegal.

Convengo sí en que si la propuesta es a hacer invivible a Colombia para oponerse al nuevo gobierno, pues la cosa cambia por que nos jodemos todos. Y en que si este tipo de convocatorias se juntan con las de “desobediencia civil” a la que está invitando el excandidato Iván Cepeda y a eso se suman los llamados de algunos radicales para “incendiar” a Colombia, pues entonces si estamos en problemas.

Pero la posibilidad de que este país arda tiene también en el nuevo gobierno y sus acciones un grado muy alto de responsabilidad. Si su propósito es destruir lo ya construido pues allí está el combustible para una conflagración…solo faltará el fósforo. Hay un largo listado de conquistas sociales y políticas ganadas durante este gobierno que termina que el nuevo no debería tocar, menos aún, proponerse destruir.

Pongo tan solo un ejemplo que concierne con esta ciudad como lo es destruir el llamado monumento a la Resistencia en Cali. Con independencia incluso de lo que se valore por cada quien sobre lo que fue el estallido social del 2021 ¿No sería este un acto de provocación absolutamente innecesario e irresponsable?

Y por esa misma vía existen muchos otros ejemplos que pueden llegar a ser la chispa que encienda la pradera…