Con motivo de las elecciones regionales en Colombia, que se llevarán a cabo en todos los departamentos y municipios el próximo 29 de octubre, es bueno anotar que debemos respaldar las iniciativas de las instituciones del Estado y de la población, dirigidas a que las mismas sean transparentes y en paz.
No olvidemos que ese día se estarán eligiendo por voto popular gobernadores de los 32 departamentos, alcaldes de doce distritos, incluido Bogotá D.C., a los alcaldes de más de 1100 municipios, como también a los diputados departamentales y concejales municipales que constituyen el poder legislativo en todas las regiones colombianas. De modo que, a partir de esa jornada electoral, tendremos elegidas, por voto popular, a las nuevas autoridades regionales y municipales, las cuales asumirán legalmente como tal a partir del primero de enero de 2024 y contarán con un período de 4 años para su respectiva gestión constitucional.
Por mi propia experiencia como exgobernador del departamento del Valle del Cauca y exvicepresidente de la República, lo importante es tener en esos cargos de elección popular nortes éticos como la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia y las desigualdades sociales, porque sencillamente esos nortes éticos son los que permitirán darle a los gobernantes la autoridad democrática, basada en el respeto tanto de los que votaron o no votaron por ellos.
Esa autoridad democrática, en mi opinión, se complementa y se afianza con el desarrollo de una política de diálogo social y entendimiento con los diversos sectores urbanos y rurales de la población; con la rendición periódica y de manera pública del manejo de los recursos y de los logros obtenidos en la gestión de gobierno.
Recalco que todo gobernante regional o nacional, independientemente del número de votos que haya sacado, tiene el deber moral de poder decir públicamente que él fue elegido sin recurrir a la práctica de la compra de votos y que todos los ingresos económicos que recibió durante su campaña electoral fueron reportados al Consejo Nacional Electoral.
Esos comportamientos transparentes deben ser una norma de conducta en todo candidato o candidata a cargos de elección popular y entrarán a hacer parte de su autoridad democrática si se complementan con su comportamiento de saber cuidar los recursos públicos como bienes comunes al servicio del conjunto de la población y no para intereses particulares.
Lo que caracteriza a una autoridad democrática es que siempre dice la verdad, su actitud de escucha y apertura al diálogo, de consulta, su respeto a las personas que piensan diferente, que procura consensos y que hace del ejercicio del poder un ejercicio democrático de gobierno al servicio de la gente y del bien común. Esa es la gran responsabilidad democrática, tanto del gobierno nacional como de los nuevos gobernantes regionales y municipales.
En ese camino y respetando la diversidad de opiniones políticas, invito a votar el 29 de octubre por aquellos candidatos y candidatas que contribuyan al logro de unas elecciones transparentes y en paz, pero ante todo que tengan nortes éticos y que entiendan que se gobierna y se legisla para la gente y no al servicio de intereses personales, familiares o políticos.