La noticia se conoció esta semana: tres personas resultaron heridas por la explosión de una mina antipersonal en el municipio de La Vega, en el Cauca. Una de las víctimas fue identificada como Jesús Enrique Guzmán, tío del gobernador del departamento, Octavio Guzmán. Su pronóstico es reservado.

Él iba con dos funcionarios a verificar el estado del acueducto de la zona. No tenían nada que ver con la guerra.

Cuando leí la cronología de los hechos fue como viajar en el tiempo, regresar a los días más álgidos del conflicto, cuando estas minas mutilaban por miles a soldados, campesinos y niños; también a vacas, caballos y perros.

Siempre he pensado que un acto tan elemental como caminar no debería ser peligroso en ninguna sociedad.

Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, y después de años de labores de desminado, los incidentes se fueron reduciendo de manera sostenida. Las minas empezaron a parecer un miedo enterrado bajo tierra y para siempre. Pero están regresando.

Una investigación del portal Insight Crime advierte que tanto las minas antipersona como las víctimas que caen en ellas vienen en aumento desde 2021. Ese año se registraron 316 incidentes; en 2022 fueron 412. En 2023 la cifra saltó a 896 y en 2024 llegó a 998, casi los mismos niveles de los años más duros del conflicto, cuando en promedio se registraban entre 1200 y 1400 explosiones de estos artefactos cada año.

Las razones son múltiples. En varias regiones del país —Chocó, Antioquia, Cauca o Nariño— grupos armados y estructuras del narcotráfico se disputan el control territorial y recurren a las minas para proteger corredores estratégicos. También, como ha sido históricamente, se utilizan para obstaculizar el avance del Ejército y sembrar miedo en las tropas.

Además, son artefactos fáciles de fabricar y baratos. Una mina puede costar menos de 20 mil pesos y cambiar una vida para siempre.

El regreso de las minas revela una realidad: el Estado no ha logrado consolidar su presencia en muchos de los territorios donde se firmó la paz. La política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro, que buscaba abrir simultáneamente negociaciones con múltiples grupos armados, no logró frenar la expansión de grupos narcotraficantes que volvieron a llenar las trochas y los campos con estas bombas.

Como periodista he escrito varias historias de víctimas que, pese a las mutilaciones de piernas o brazos, lograron seguir adelante. Recuerdo, por ejemplo, el único equipo de voleibol sentado del Valle, un deporte que nació pensando en los mutilados que dejó la Segunda Guerra Mundial. O las historias de campesinos que salieron a ordeñar, a ir a la escuela o a hacer una diligencia y regresaron sin una pierna. También las organizaciones y ONG dedicadas a fabricar prótesis y a ayudar a sanar las heridas psicológicas de quienes sobrevivieron a estas explosiones.

En todas esas historias me sorprendía lo mismo: la resiliencia de las víctimas y de sus familias. Sin piernas, sin un brazo, algunos sin un ojo, lograron reconstruir su destino pese a la salvajada que pisaron. Pero el país no puede resignarse a volver a esa época. No puede aceptar que un campesino que salga a trabajar, o un niño que se dirija hacia su escuela en una vereda, corra el riesgo de morir por un acto tan simple como caminar.

Este 4 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el país debería hacerse una pregunta incómoda: cómo fue posible que pese a firmar la paz, el suelo volviera a ser peligroso.