Por: Óscar Hernández, Director para América Latina de Open Contracting Partnership.
Para una familia que perdió su casa tras el terremoto, la reconstrucción comienza con solucionar las angustias diarias que no dan espera. ¿Dónde vivirán mientras recuperan el hogar? ¿Cuándo podrán volver los niños al colegio? ¿Cuándo volverá a funcionar el hospital municipal? Las respuestas dependen de saber qué hará el gobierno y cuándo.
El Departamento Nacional de Planeación calcula que la reconstrucción costará $40 billones y tomará hasta seis años. Con poco espacio fiscal, queda claro que los recursos serán insuficientes, así que el Estado debe precisar qué puede financiar y dónde necesita apoyo, para coordinar los aportes de empresas, fundaciones y donantes. En ese contexto, la semana pasada el Gobierno Nacional anunció la creación del Fondo Milagro, con un capital inicial de $1 billón. Todos los contratos serán publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), contarán con auditoría independiente y se entregarán informes públicos de gestión. Esta es una oportunidad para establecer desde el inicio cómo garantizar una reconstrucción transparente.
Publicar contratos y vigilar cada peso es un requisito legal ineludible y la base para proteger los recursos públicos. Pero las comunidades necesitan respuestas antes y más allá del proceso contractual. Necesitan saber si sus daños fueron registrados, si existe un proyecto para atenderlos, si cuenta con financiación y por qué otras obras van por delante. También necesitan saber quién responde por cada obra, sea una entidad pública o una fundación privada, y a quién pedir explicaciones si lo prometido no se cumple.
No basta con conseguir recursos si no hay forma de hacerles seguimiento y Puerto Rico es prueba de ello. Nueve años después del huracán María, sigue incompleta la recuperación de su red eléctrica y apenas se han desembolsado cerca de una cuarta parte de los US$14.300 millones comprometidos desde 2017 para restaurarla. Entre los obstáculos están procesos de revisión complicados, rotación de personal, dificultades para combinar fuentes de financiación y responsabilidades poco claras.
Colombia corre ese mismo riesgo si cada entidad y cada financiador trabaja con su propia lista de prioridades. Un proyecto puede conseguir varios interesados mientras otro, igual de urgente, queda sin apoyo. Y las familias pueden pasar años buscando respuestas entre oficinas que no se comunican. Para coordinar esos esfuerzos, hace falta que todos puedan saber qué se necesita, quién está trabajando en ello y qué sigue pendiente.
En Ucrania, esa información se reúne en una ventanilla única dispuesta por el sistema de inversión pública DREAM. Incluso en plena guerra, el país ha logrado que las necesidades, los proyectos, la financiación y los avances de la reconstrucción puedan consultarse en un mismo lugar. Los gobiernos locales presentan sus prioridades, los financiadores identifican dónde pueden contribuir y la ciudadanía puede seguir los proyectos de su región.
Colombia tiene sistemas y capacidades para avanzar en esa dirección. Valle del Cauca, por ejemplo, lanzó en octubre una plataforma de sedes educativas que requieren financiación, que identifica las intervenciones necesarias en 451 sedes por más de $193.000 millones y permite comparar necesidades, identificar dónde falta dinero y orientar los apoyos. El siguiente paso es conectar esa información con decisiones comprensibles para las comunidades, que deberían poder seguir cada escuela desde el diagnóstico hasta su reapertura: qué se hará, quién aporta y ejecuta los recursos, cuánto se ha pagado y cómo avanza la obra.
Colombia ya tiene sistemas de inversión pública, contratación y gestión financiera. El Fondo Milagro hace bien en usar Secop, pero este solo muestra una parte de la inversión. falta conectar esos sistemas y acordar mecanismos equivalentes para divulgar las obras financiadas con recursos privados.
Las prioridades también deben poder discutirse. Una escuela pequeña puede ser la única alternativa a varias horas de camino un acueducto puede ser más urgente. Las comunidades conocen esas condiciones y podrían corregirlos diagnósticos, proponer soluciones y obtener explicaciones sobre las decisiones. Todo esto requiere información actualizada y respuestas que lleguen a la gente. Si una obra se retrasa, hay que explicar qué ocurrió y cómo se resolverá. Esa conversación debe suceder también en reuniones comunitarias, emisoras y celulares.
El Fondo Milagro tiene la oportunidad de dejar un legado histórico para Colombia: una forma de invertir en la que las comunidades tengan voz. Después de perder tanto, ellas también necesitan recuperar la posibilidad de hacer planes.