En las democracias modernas es frecuente hablar de gobiernos de izquierda, de derecha o de centro. Sin embargo, cada vez me convenzo más de que el verdadero debate no debería girar alrededor de esas etiquetas, sino de una pregunta mucho más importante: ¿está el gobierno cumpliendo el deber ser del Estado?
Con frecuencia la discusión pública se queda atrapada en la ideología, mientras los ciudadanos esperan respuestas concretas. A quien espera una cita médica, busca empleo, teme por su seguridad o desea una educación de calidad para sus hijos le preocupa poco el lugar que ocupe un gobierno en el espectro político. Lo que realmente espera es que las instituciones funcionen y que los derechos consagrados en la Constitución dejen de ser promesas para convertirse en realidades. Gobernar no consiste en mantener satisfechos, por partes iguales, a quienes piensan distinto. Esa búsqueda permanente de equilibrios puede terminar conduciendo a decisiones incompletas o tímidas, cuando lo que la sociedad necesita son respuestas claras, oportunas y eficaces a problemas que afectan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La democracia exige deliberación, pero también exige decisión. Y sin decisión, el poder público se diluye.
Hay responsabilidades del Estado que no admiten medias tintas. La educación debe ser de calidad, sin importar si es pública o privada. Lo importante es que forme ciudadanos íntegros, críticos y preparados para el trabajo, la innovación y la convivencia. Un país que descuida la educación no solo falla en el presente: compromete su futuro. Lo mismo ocurre con la salud. No puede existir una atención de calidad para unos y deficiente para otros. Un buen sistema debe garantizar acceso oportuno, profesionales suficientes, infraestructura adecuada, disponibilidad de medicamentos y tratamientos dignos para toda la población. La salud no debería depender del lugar donde se vive, del nivel de ingresos o de la capacidad para sortear trámites interminables. El empleo constituye otro ejemplo decisivo. Mientras millones de personas permanezcan en la informalidad, será difícil construir un país con verdadera protección social. El trabajo formal no solo da estabilidad económica; también permite cotizar para una pensión, acceder a la seguridad social y proyectar un futuro más seguro para las familias. A su vez, los ciudadanos tienen el deber de contribuir mediante el pago de impuestos, porque sin recursos públicos ningún Estado puede cumplir sus funciones esenciales. Derechos y deberes no son conceptos separados: son dos caras del mismo pacto social. La seguridad, la justicia y el respeto por la Constitución tampoco pueden administrarse según la conveniencia política del momento. La ley debe proteger por igual a todos los ciudadanos, sin privilegios ni excepciones. Combatir la delincuencia, enfrentar la corrupción, garantizar la independencia de la justicia y hacer cumplir las normas son obligaciones permanentes del Estado. Cuando estas fallan, se erosiona no solo la administración pública, sino la confianza misma en la democracia.
Todo ello exige, además, algo que suele pasarse por alto: seriedad en el manejo de los recursos públicos. Gobernar bien no consiste únicamente en gastar más, sino en gastar mejor. Cada peso recaudado debe traducirse en resultados visibles: escuelas que funcionen, hospitales que atiendan, vías que conecten, instituciones que respondan. La eficiencia no es un concepto técnico; es una forma concreta de justicia. Nada de esto significa defender posiciones extremas ni negar la importancia del debate político. Por el contrario, una democracia sólida necesita pluralismo, pesos y contrapesos, independencia entre los poderes públicos y una ciudadanía activa. Pero también necesita gobiernos que resuelvan los problemas.
Por eso me pregunto si la idea de buscar el centro termina convirtiéndose más en un método para evitar decisiones difíciles que en una verdadera propuesta de gobierno. El centro no debería ser un punto de indecisión permanente, sino la capacidad de tomar decisiones correctas, incluso cuando no son cómodas ni populares. Tal vez el verdadero criterio para evaluar a un gobierno no sea preguntarnos si es de izquierda, de derecha o de centro. La pregunta debería ser otra: ¿está garantizando educación de calidad, salud oportuna, empleo digno, seguridad efectiva, justicia independiente, respeto por la Constitución y oportunidades reales para todos? Si la respuesta es sí, la etiqueta política deja de importar. Si la respuesta es no, ninguna ideología alcanza para justificar el fracaso.
Porque al final, el deber ser del Estado no se mide en discursos, se mide en resultados. En la vida cotidiana de la gente. En si un país funciona o no funciona. Y cuando un Estado deja de cumplir ese deber, la ideología deja de ser una explicación. Y se convierte simplemente en una excusa.