El 28 de febrero, el gobierno de Donald Trump, junto con el de Benjamín Netanyahu, atacaron a Irán con una serie de misiles y bombas con el objetivo de disminuir las capacidades del actual régimen de este país. Este objetivo inmediato fue cumplido con rapidez: el ataque derivó en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, pocas horas después de haber iniciado.

Sin embargo, conviene subrayar que el régimen iraní ya venía debilitado. El año pasado, su capacidad aérea fue erosionada tras ataques liderados por Israel. Durante la guerra de 12 días entre ambos países, altos mandos militares y civiles fueron deliberadamente neutralizados. A ello se sumó la caída de Bashar al-Asad en Siria —aliado tradicional de Teherán— y el progresivo desmantelamiento de estructuras como Hezbolá y Hamás, lo que redujo significativamente su capacidad de proyección regional. Aunado a esto, desde el 28 de diciembre del año pasado, además, la ciudadanía iraní —percibiendo esa vulnerabilidad— salió masivamente a las calles. La respuesta del régimen fue brutal.

A partir del 8 de enero del 2026, el gobierno interrumpió el acceso a internet para ocultar la magnitud de la represión. Según reportes de Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso ilegal de la fuerza, empleando armas de fuego y otros instrumentos prohibidos contra manifestantes, lo que derivó en matanzas masivas y cientos de heridos graves. Videos verificados y testimonios recopilados por la organización muestran a efectivos apostados en calles y techos —incluidas casas, mezquitas y estaciones de policía— disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos, apuntando frecuentemente a la cabeza y el torso. La evidencia señala la participación de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), incluidos sus batallones Basij, así como divisiones de la fuerza policial conocida por su acrónimo Faraja, además de agentes vestidos de civil.

Las jornadas más letales se registraron el 8 y 9 de enero. Según un reportaje de la revista TIME, al menos 30.000 personas pudieron haber sido asesinadas solo en esos dos días. La magnitud de la masacre desbordó incluso la capacidad estatal para disponer de los cadáveres: se agotaron las bolsas mortuorias y los camiones de carga de gran tonelaje reemplazaron a las ambulancias. Esta crisis humanitaria, sumada al debilitamiento estructural del régimen, explica en parte la decisión de Washington. Lo preocupante, sin embargo, es que Estados Unidos no parece tener una estrategia claramente definida para el día después.

Si el objetivo es un cambio de régimen —algo que no ha sido formalmente establecido—, Washington no ha identificado un liderazgo alternativo capaz de articular las demandas ciudadanas.

Tampoco es evidente que la eliminación del líder supremo implique el colapso automático del sistema. Como ha señalado The Economist, el régimen llevaba años preparando una transición post-Jamenei. Según la Constitución iraní, un comité de tres personas asume temporalmente el poder mientras la Asamblea de Expertos elige al nuevo líder supremo. Hoy, esa responsabilidad recae en el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, y el clérigo Alireza Arafi. No obstante, aún no está claro quién emergerá como sucesor ni si el proceso podrá desarrollarse con normalidad. Reportes indican que este triunvirato no se ha reunido físicamente por razones de seguridad. Y aunque hubo celebraciones tras la muerte de Jamenei, no existe todavía un movimiento cohesionado y numeroso capaz de reemplazar al régimen.

Por ello, Washington debe definir con claridad su objetivo estratégico. Si busca un cambio de régimen, necesitará construir una coalición con actores representativos de las protestas iniciadas en diciembre. De lo contrario, el nuevo líder podría ser alguien implicado en la represión de enero: un dirigente igualmente intransigente, con incentivos para reforzar el programa de misiles balísticos y acelerar el enriquecimiento de uranio. En lugar de negociar sanciones, podría concluir que, para lograr la supervivencia del régimen, es necesario obtener de manera rápida una bomba nuclear, como elemento disuasorio contra una intervención. Esto mismo lo ha entendido Corea del Norte, un país que es liderado por un régimen dictatorial, que comete crímenes contra su población, pero cuya supervivencia está cimentada en el poder nuclear.

Existe, además, un segundo escenario: el colapso del Estado iraní y el inicio de una guerra civil con proyección regional, como ocurrió en Siria. En ese contexto, el destino de las reservas de uranio enriquecido se convertiría en un riesgo global.

Similarmente, Washington debe ser prudente frente al orden internacional que está contribuyendo a moldear. Más que una política exterior anclada en la promoción de valores, lo que parece consolidarse es una lógica centrada en la acumulación y demostración de poder. Bajo ese paradigma, la desestabilización de un Estado deja de ser un tabú si reafirma la capacidad coercitiva estadounidense.

El efecto disuasivo del ataque no debe minimizarse. El mensaje será leído en Pekín, que ha observado cómo Washington —junto con Israel— ha alterado el equilibrio estratégico en Oriente Medio. En determinados contextos, esta aproximación puede materializar la idea de ‘paz a través de la fuerza’. Sin embargo, como afirma The Economist, cuando el principio rector es exclusivamente la primacía material, el riesgo es desencadenar una espiral de inestabilidad. Los conflictos tienden a encadenarse, y no es evidente que Estados Unidos tenga ni el margen político interno ni la capacidad operativa para administrar sus consecuencias.