Mientras el país se prepara para la posesión presidencial en Cali, el presidente saliente convoca ese mismo día y en esa misma ciudad la organización de “guardias libertadoras”. El Valle no puede volver a ser el escenario de esa confrontación.

El 7 de agosto Cali será la sede de la posesión presidencial. La decisión tiene un enorme significado institucional: debe ser un mensaje inequívoco de que el Estado vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico. Pero ese día habrá en Cali otra convocatoria.

En la madrugada del lunes, tras el atentado contra autoridades indígenas en Florida y el ataque a un diputado del Pacto Histórico, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en X. En lugar de respaldar a la Fuerza Pública y a las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos, pidió organizar las “guardias libertadoras”, que definió como formas de milicia popular; precisó que es la comunidad en asamblea la que decide si deben armarse; exhortó a los soldados a desobedecer a sus mandos; y citó a los movimientos sociales en Cali, el 7 de agosto, para organizar las formas de la resistencia.

Hace algunas semanas advertí en estas páginas contra ese riesgo. Ya dejó de ser una hipótesis.

No es un debate semántico. Las palabras de un presidente, y de quien será el principal líder de la oposición, nunca son inocentes en un país que ha sufrido más de seis décadas de violencia política. Y el término “milicia popular” no es neutro: en Cuba y Venezuela remite a civiles organizados territorialmente que terminaron integrados a un proyecto político de poder. Esa carga histórica hace más delicado que un presidente colombiano use hoy ese lenguaje.

La Constitución colombiana es clara: el monopolio legítimo de la fuerza pertenece exclusivamente al Estado. Aunque Petro anticipa que no se trata de un nuevo paramilitarismo sino del derecho del pueblo a defender su vida, la legítima defensa es individual, reactiva y excepcional. No es colectiva, ni permanente, ni queda sujeta a lo que decida una asamblea. Cuando esa frontera empieza a difuminarse, las alarmas democráticas deben encenderse.

Tampoco es casual que ese llamado aparezca cuando el suroccidente colombiano atraviesa su momento más complejo en materia de seguridad. Las disidencias de las Farc, el Eln y las estructuras del narcotráfico han fortalecido su presencia aprovechando los vacíos del Estado y la llamada paz total, golpeando a la población y al sector empresarial, y cobrando la vida de civiles, líderes sociales y miembros de la Fuerza Pública.

Cali ya conoce el costo de ser el escenario de una confrontación política nacional: el estallido social dejó bloqueos, violencia, infraestructura destruida y una fractura que todavía persiste. No podemos permitir que la región vuelva a ser ese laboratorio.

Por eso la primera tarea del nuevo presidente debe ser recuperar la autoridad del Estado en el Valle, el Cauca y Nariño. No habrá inversión, empleo ni oportunidades mientras los ciudadanos vivan bajo la amenaza permanente de los grupos armados ilegales.

El primer Consejo de Seguridad del nuevo Gobierno se realizará el 8 de agosto en la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El contraste es elocuente: mientras un discurso convoca formas de “resistencia” y “milicia popular”, el nuevo gobierno decide arrancar en una base de la Fuerza Pública. Son dos maneras opuestas de entender cómo se defiende una democracia. Ojalá no se quede en una fotografía y marque el inicio de una estrategia integral para recuperar el control territorial.

De ese consejo deben salir decisiones concretas. Que Cali, ya incluida entre las cinco ciudades convocadas, sea la primera en implementar el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, que no es un cuerpo paralelo a la Fuerza Pública sino el fortalecimiento de las capacidades existentes bajo mando estatal. Que se consoliden los batallones de alta montaña de Jamundí, hoy más avanzado, y de Tuluá, igualmente necesario. Que se establezca un comando conjunto permanente en Buenaventura. Que se garantice la seguridad de los corredores logísticos y se fortalezcan el pie de fuerza y la inteligencia.

La presencia de jefes de Estado y delegaciones internacionales debe recordar que Colombia necesita el respaldo de las democracias del mundo, y que estas no pueden ser indiferentes frente a discursos que debilitan la legitimidad del Estado.

El Valle del Cauca merece pasar la página de la violencia y la polarización, y convertirse en un referente de seguridad, desarrollo y confianza institucional.

La primera posesión del nuevo presidente no será la de la banda presidencial. La verdadera primera posesión debe ser la de la autoridad del Estado en el suroccidente colombiano. Porque cuando la autoridad retrocede, quienes avanzan son los violentos. Y el Valle ya ha pagado un precio demasiado alto como para permitir que esa historia vuelva a repetirse.

@edwinhmaldonado