No hay imagen más familiar en Colombia que la de los campesinos y sus familias desplazados por la violencia rural. Gentes humildes con sus pocas posesiones a cuestas, hacinadas en refugios improvisados, que han dejado atrás sus casas, sus cultivos, su mundo, sin regreso posible. Enfrentados a la vida urbana sin las habilidades educativas y sociales necesarias para hacerlo. Se cuentan por millones. Se sabe que los campesinos que emigran a la ciudad no regresan a su lugar de origen. Por más difícil que sea su situación, en los cordones de miseria de las ciudades encuentran allí las oportunidades de trabajo y servicios sociales de que carecían en el campo. Pero, se sabe también que el desarraigo es una enfermedad incurable.
Con lo que no estábamos familiarizados era con las imágenes de ciudadanos que hacen parte del sector formal de la economía con educación, trabajo o jubilación, casa, carro, entorno social, sometidos a ese mismo desplazamiento. Caras de desamparo frente a sus unidades residenciales destruidas o a punto de caer, sin otra propiedad que lo que llevan puesto. Desarraigados. Su mundo desaparecido en 90 segundos.
Las unidades residenciales con torres de apartamentos, porterías vigiladas, piscinas, área social, jardines interiores, son un invento de la arquitectura para proteger al ciudadano de la inseguridad, para construirle un refugio cómodo y costoso que lo aísle de la vida corriente de los barrios, con sus propias reglas de convivencia y su propia estructura legal de propiedad horizontal. Entre más altos sean sus edificios, menor el costo de ese vivir privilegiado.
En el terrible terremoto del pasado 10 de agosto se afectaron a lo largo del suroccidente colombiano muchas viviendas individuales, casas que será más fácil reconstruir, reforzar o reubicar. Igualmente, a lo largo de las pequeñas poblaciones construidas sobre esa falla infernal se ven las paredes de bareque destruidas, los techos caídos, los defectos de la autoconstrucción. Nada que con una buena organización y subsidios adecuados no pueda volver a levantarse pronto.
Pero reconstruir las unidades residenciales es casi una misión imposible. En primer lugar, porque no fueron construidas en el suelo adecuado ni con la resistencia adecuada y sería muy costoso reforzarlas para cubrir el eventual riesgo de otra tragedia semejante. En segundo lugar, porque sus habitantes pertenecientes a los estratos 4 y 5 no son objeto de los subsidios gubernamentales destinados a las capas más pobres de la sociedad. En tercer lugar, porque con los costos actuales de la construcción, recuperar espacios iguales será casi impagable para la mayoría de los propietarios afectados. En cuarto lugar, porque aún está por verse hasta dónde van a responder las compañías de seguros, pues si la póliza no incluye el riesgo de fallas estructurales por terremoto, no lo cubrirían. En quinto lugar, porque por la edad de las unidades afectadas es de suponer que las hipotecas de estos apartamentos ya fueron pagadas y por tanto no tienen seguro, y si lo tienen el banco prestamista asegura solo el saldo restante del crédito. Y lo último, pero no lo menos importante, porque difícilmente se podrá establecer un subsidio de crédito en la cuantía necesaria para esas reconstrucciones.
Como lo decía uno de esos nuevos desplazados urbanos en medio de su desolación, pero con todo el valor para salir adelante: va a tocar comenzar de nuevo.