La decadencia y desorden que caracterizó la vida personal de Petro parece haber tenido su equivalente en el manejo del Estado durante los últimos 4 años, no solo porque escándalos, improvisación y despilfarro marcaron una administración que confundió reformismo con politiquería, sino porque gran parte de sus desaciertos dejaron cicatriz en el ejercicio de lo público y hoy las consecuencias son evidentes: un país con problemas de caja y un servicio de deuda desbordado; se trata de un ‘legado’ que resta margen tanto al Gobierno De la Espriella como a sus sucesores.

Por eso, es necesario avanzar hacia un verdadero proceso de responsabilidad fiscal que permita sincerar las cuentas públicas. Colombia necesita un Estado que gaste mejor, que priorice sus recursos, que fortalezca la lucha contra el contrabando, la evasión y la elusión, avanzando hacia una verdadera modernización tecnológica y operativa de la Dian; es imperativo abandonar la práctica de trasladar a los ciudadanos la mayor carga, mediante nuevos impuestos y el costo de una burocracia creciente e innecesaria.

Durante el período Petrista lo público se expandió como nunca antes (situación que es replicada hoy en alcaldías y gobernaciones) y de esta expansión surgió tanto el inútil Ministerio de la Igualdad (al que siempre me opuse) como la politización de los servicios diplomáticos, es decir, una serie de abusos que no podían traducirse en nuevos sacrificios para el contribuyente, sino que, por el contrario, exigían que los gobernantes se apretaran el cinturón e hicieran del ahorro su principal consigna.

En esa línea, aplaudo que el 70 % del Plan de Ajuste de De la Espriella esté orientado a la reducción y racionalización del despilfarro. Con medidas que van desde recortar a la mitad los gastos de contratación por prestación de servicios en 2027 hasta disminuir un 20 % los gastos de personal en 2028.

Sin embargo, el Plan exige algo más que anuncios y declaraciones de intenciones: Colombia necesita conocer con detalle cuántos ministerios serán fusionados, qué entidades, agencias y superintendencias desaparecerán, cuántos cargos serán suprimidos y aún más importante, cuánto supondrá todo esto en términos de ahorro. Le corresponde al Legislativo establecer los límites con absoluta claridad al entregar facultades al Presidente para reorganizar el Estado.

Preocupa que el Proyecto de Ley contemple disposiciones cuyos efectos podrían agravar más la crisis que atraviesa la clase media. Por ejemplo, la ampliación del IVA al 19 % sobre determinados productos y servicios requiere una revisión cuidadosa de las Comisiones Económicas, donde tendrá que determinarse si los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y población en situación de vulnerabilidad realmente puedan acceder a mecanismos como la devolución del IVA.

Muy delicado resulta el tratamiento a la medicina prepagada, que podría pasar del 5 % al 19 % de IVA, mientras las pólizas de salud y los planes complementarios quedarían excluidos del impuesto. ¿Por qué establecer semejante diferencia entre servicios que cubren lo mismo? ¿No es mejor mantenerlas al margen?

Algo similar ocurre con la eliminación de las exclusiones del IVA para motores fuera de borda de hasta 115 caballos de fuerza. Una disposición aparentemente menor, pero especialmente sensible en el Litoral Pacífico, donde las pequeñas embarcaciones constituyen medios esenciales de transporte, abastecimiento y trabajo.

¡Colombia no puede acostumbrarse a vivir de tributaria en tributaria! Durante el último siglo, el país pasó de aprobar una reforma por década a aprobar una por lustro y, más recientemente… una cada par de años, alimentando la incertidumbre entre empresas y personas naturales. Obviando que la seguridad jurídica es tan importante como la física e ignorando que ambas son fundamentales a la hora de generar confianza, atraer inversión y propiciar riqueza.

Cierro diciendo que el Gobierno De la Espriella tiene razón al reconocer que el ajuste fiscal es inaplazable, pero el Congreso tiene el deber de mejorar el proyecto radicado. De manera que, entre los dos, logren una Ley que sea garantía de austeridad con responsabilidad y mayor inversión social.