A simple vista, los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) nos entregaron hace poco un titular que invita a la celebración inmediata: por primera vez, las mujeres lideran la mayoría de los negocios en nuestras ciudades, alcanzando un 51,6 % frente al 48,4 % de los hombres. Podríamos quedarnos con la satisfacción de este hito que, en el papel, parece histórico, y asumir que hemos conquistado el terreno de la equidad productiva. Sin embargo, en el ámbito social y del desarrollo, los promedios generales suelen encubrir realidades profundamente complejas. Cuando ejercemos nuestro deber de investigar no ‘sobre’, sino con las comunidades, comprendemos de inmediato que tener la propiedad de un micronegocio no es sinónimo automático de prosperidad.
Al analizar este panorama con el rigor de los datos recientes de la Unidad de Analítica de la Fundación WWB Colombia, la paradoja es contundente: lideran en cantidad, pero emprenden en condiciones de informalidad y precariedad. Entendiendo el territorio no como un lienzo en blanco, sino como un espacio habitado, usado y condicionado por barreras estructurales, encontramos que más de la mitad de estos negocios liderados por mujeres (54,3 %) operan desde la vivienda. Esta fusión entre el espacio productivo y el doméstico no es un accidente ni responde a una visión comercial planificada; es pura supervivencia. Casi la mitad de estas emprendedoras (47,9 %) inició su unidad productiva porque necesitaba complementar los ingresos de su familia, ante un mercado laboral que las excluye constantemente.
Las mujeres asumen este reto cargando un ancla invisible y pesada: la histórica sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado. Como lo hemos advertido desde la Fundación WWB Colombia en reflexiones anteriores, esta doble jornada genera una profunda pobreza de tiempo. Al estar inmersas en las labores domésticas mientras intentan sacar a flote sus negocios, se restringe drásticamente su libertad de agencia. Las mujeres son dueñas del negocio, sí, pero su capacidad de crecimiento se estanca porque operan desde los márgenes. Las cifras de nuestro análisis son elocuentes: el 88,9 % de estas emprendedoras operan sin Registro Mercantil y un preocupante 86,1 % no acudió al sistema financiero formal en el último año. Sin tiempo para buscar nuevos clientes o capacitarse, y alejadas de un ecosistema financiero que comprenda sus ciclos, la promesa del emprendimiento corre el riesgo de convertirse en una trampa de estancamiento.
Frente a este desafío monumental, el aplauso estadístico resulta insuficiente. Fortalecer la generación de ingresos de las mujeres es el antídoto silencioso y más inteligente para desactivar las desigualdades y las violencias de raíz. Para que ese 51,6 % represente un avance, necesitamos transformar nuestra política pública. Es urgente consolidar un Sistema Nacional de Cuidados que asuma la corresponsabilidad de Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo no remunerado. Liberar las horas productivas de las mujeres tendría un efecto multiplicador sin precedentes en la reactivación macroeconómica de nuestro país. A la par, el sector bancario debe evolucionar hacia modelos de inclusión financiera audaces, apalancados en datos transaccionales alternativos que eliminen los sesgos históricos de género.
En un contexto de constantes retos políticos y económicos, nuestro llamado es a la articulación pragmática. Estamos agotados de intentar cambiar realidades complejas desde esfuerzos solitarios. Ni el Estado, ni el sector privado, ni la academia o la sociedad civil pueden cerrar estas brechas trabajando en silos. Necesitamos superar los egos institucionales y sumar capacidades para tejer redes de colaboración férreas. Invertir integralmente en el tiempo y las libertades de las mujeres es la política de competitividad más sensata para transformar este inmenso liderazgo estadístico en una prosperidad genuina, equitativa y con arraigo territorial.