A la fecha no ha sido posible instalar el Batallón de Alta Montaña en Jamundí, el cual les cortaría el paso a las disidencias de las Farc, a otros grupos guerrilleros y a narcotraficantes. La zona montañosa de Jamundí se ha convertido en una de las principales vías para el transporte de drogas ilícitas hacia el exterior. Con el Batallón se busca intervenir el dominio de los grupos armados ilegales al margen de la ley.
Esto lo tiene claro la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ha hecho todo lo posible para establecer ese estratégico Batallón que es indispensable e inaplazable y ha tomado todas las acciones que dependen de la Gobernación para instalarlo. Ya hasta el terreno está listo. Si bien se cuenta con el lote, se han presentado dificultades como no tener el control total de la zona por parte del ejército.
Este Batallón de Alta Montaña en Jamundí es necesario para redimir a toda una región y propinarles un golpe certero al narcotráfico y al terrorismo. Es fundamental ponerlo en funcionamiento para superar la situación de orden público en el suroccidente del país. Su presencia también es clave para recuperar control territorial y proteger a las comunidades. Pero todo se estrelló contra la indiferencia del pasado gobierno central.
De otra parte, no se puede renunciar a los bombardeos y despojar al Estado de su capacidad de ataque aéreo sobre los grupos armados. La superioridad que tiene la Fuerza Pública en este frente es esencial para proteger a la población y a las tropas.
Hay que fortalecer la inteligencia, extremar precauciones y mejorar los protocolos para evitar la muerte de menores de edad en operaciones militares. Las Fuerzas Armadas deben perfeccionar sus métodos sin abandonar herramientas legítimas del Estado. Bombardear se trata de una decisión que permite conocer la capacidad del país para contener organizaciones criminales que avanzan desplazando comunidades y reclutando menores con absoluta impunidad.
Los únicos responsables de la muerte de menores en bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos guerrilleros son quienes los reclutan forzosamente para utilizarlos como escudos humanos, además de hacerlos víctimas de delitos de lesa humanidad. A la Fuerza Aérea no se la puede criticar por efectuar los bombardeos. Por el contrario, hay que apoyarla. Suspender los bombardeos es estimular el reclutamiento de menores.
Los bombardeos son el arma más temida por los grupos ilegales, al punto que forzaron a la guerrilla de las Farc a negociar la paz. El Estado no puede simplemente abstenerse de utilizar sus armas más poderosas para defender la vida y la seguridad de los colombianos. Bombardear a las bandas criminales es una decisión responsable con la seguridad nacional y con la de miles de colombianos que viven en las zonas más golpeadas por el conflicto armado y con la de soldados y policías que a diario exponen sus vidas para defendernos a todos.