Hace muchos años, el presidente de uno de los clubes sociales de Cali me otorgó poder para adelantar proceso de restitución de inmueble con el propósito de lograr la desocupación de un local, pero me autorizó a que hablara con el arrendatario para ver si era posible la entrega del bien sin necesidad de acudir a la instancia judicial.

El inquilino fue a mi oficina y con lágrimas en los ojos me pidió que se le diera un plazo de seis meses, al término del cual se comprometía a entregar el local. Mi cliente aceptó, pero la promesa se incumplió, razón por la cual presenté la correspondiente demanda, que concluyó con sentencia favorable a los intereses de la parte arrendadora.

Tanto el arrendatario como su abogado iniciaron toda clase de tretas para evitar el desalojo. Como ninguna les funcionó, llegaron al extremo que yo jamás podía imaginar: formularon denuncia penal contra mí por fraude procesal, y me vi precisado a acudir a diligencia de indagatoria, asesorado por el penalista Gustavo Franco Hernández, mi querido amigo fallecido hace poco.

El lapso que antecedió a la diligencia de indagatoria fue para mí muy angustioso porque, a pesar de que yo tenía la seguridad de no haber cometido el delito que se me imputaba, no podía saber cuál sería la decisión del funcionario investigador.

Llegado el día señalado, acudí al Palacio de Justicia con el doctor Franco y me sometí al interrogatorio. Expliqué cuál había sido mi conducta profesional en ese debate judicial, y fueron tan contundentes mis argumentos que el fiscal dispuso archivar el caso. El doctor Franco me propuso que formuláramos denuncia penal contra el par de sujetos por falsa denuncia, pero yo resolví echarle tierra al asunto.

Lo anterior viene a mi memoria porque el delito que se me imputó es el mismo que tiene ahora al expresidente Álvaro Uribe en un serio lío judicial. Desde 2012 está en trámite el proceso por fraude procesal y soborno a testigos, que no fue iniciado por el senador y hoy candidato presidencial Iván Cepeda, sino porque la Corte Suprema de Justicia, ante la cual Uribe había denunciado a Cepeda por esos mismos delitos, consideró que no era Cepeda sino Uribe quien debía responder por las normas del Código Penal violadas.

En estos días vi en televisión un video grabado en un acto político en el que Uribe hacía la apología de su candidata presidencial Paloma Valencia, también allí presente. Pero, como es de usual ocurrencia en todas las intervenciones del jefe del Centro Democrático, sin ruborizarse, dijo que lo único que ha hecho Cepeda en su vida es haberlo puesto preso.

Esa mentira monumental surge, a mi juicio, por el desespero que se le nota al caudillo de la derecha por ver que Iván Cepeda barre en las encuestas a Paloma Valencia, quien también, como lo hace en el Senado, lanza otras barbaridades contra el candidato Cepeda.

En las precarias condiciones en que está la candidata de Uribe, ya no tiene esta forma de reencaucharla. Desde luego, ella ganará la Gran Consulta por Colombia, en la que compiten la señora Valencia y otros ciudadanos, entre los cuales figura inexplicablemente Juan Manuel Galán.

Pese a mis abismales diferencias ideológicas con el señor Uribe, me apena verlo liderar una campaña que no tendrá el fin deseado porque terminará en una colosal derrota de su candidata. Si yo fuera próximo al expresidente le aconsejaría que dedique los años, ojalá muchos, que le quedan, gozando de su familia, especialmente de sus nietos.