El transporte público informal está tomando unas connotaciones inimaginables, no solamente en Cali sino en el país. Nuestra ciudad ve como el MÍO agoniza frente a los ojos incapaces de miles de caleños. La Fiscalía, la Policía y la Secretaria de Gobierno informan que hay evidencia e indicios que los actos vandálicos que sufre el MÍO son orquestados y organizados por algunos de los transportadores piratas que se han apoderado de nuestra ciudad. A pesar de semejante declaraciones, nadie hace nada.

El problema de la informalidad no se puede generalizar. Hay varios actores. Desde los jóvenes moto ratones, hasta los antiguos empresarios del transporte que nunca le cumplieron a la ciudad chatarrizando los viejos buses que debieron haber salido de circulación hace años.
También están aquellos que en busca de una fuente de ingreso adicional hacen parte de las plataformas, aún sin regular.

No se puede entonces meter a todos los actores en una misma bolsa, ni pretender dar una solución salomónica a todo el problema. Hay que abordarlos de manera independiente y planteando respuestas y alternativas dirigidas. Lo primero, es poner a operar el MÍO de manera eficiente. La gente debe movilizarse y ante la pobre calidad del servicio, debe salir a buscar alternativas.

Para los moto ratones y los piratas, nuevamente requerimos del ausente alcalde. Sin embargo, para las plataformas tecnológicas de transporte, la apatía no es exclusiva del gobierno local. Es una problemática nacional. Fedesarrollo ha estimado que más de dos millones de personas se movilizan hoy a través de servicios organizados en plataformas tecnológicas. Sin embargo, el gobierno en lugar de buscar alternativas que permitieran formalizar estos oficios, se tiran la pelota entre los diferentes ministerios y no plantean una posición final para el problema de formalizar el transporte a través de plataformas.

Pretender que el tiempo solucione la situación no es una alternativa. Los compromisos políticos con los taxistas en un año electoral como el que estamos afrontando, no hace que la tarea de formalizar estas plataformas sea fácil. No se puede seguir dando largas y pretender que dos millones de personas se continúen transportando ilegalmente. El gobierno no puede seguir embargado por la presión de los taxistas.
Países con grupos de presión tan fuerte como los colombianos han logrado reglamentar las plataformas, ¿por qué será que en Colombia no se puede?

Podemos pensar en un modelo que permita el uso de vehículos particulares en la prestación de servicios de transporte. Incluso se deberían incluir las motos en estas plataformas para de una vez reglamentar un sector irregular y bastante controvertido. Esta alternativa podría contemplar seguros para las personas que tomen el servicio, para los conductores e incluso para los vehículos. Las plataformas permitirían fijar precios de manera ordenada y transparente, la información de viajes, pasajeros y precios sería muy útil para el desarrollo del sistema de transporte masivo a futuro.

Hoy el transporte publico es una maraña desordenada donde los más vivos o violentos son los que están percibiendo las ganancias, a los actores visibles con propuestas audaces como Uber y Didi los multan y persiguen. Le damos la espalda al desarrollo, no solucionamos el problema, lo dejamos ahí para que sea la ilegalidad la que se aproveche y haga más dinero. Es la hora de afrontar el problema y solucionarlo, ¿Qué esperan?
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