No cabe otra expresión para describir el panorama que cuatro prestantes economistas expusieron en el conversatorio titulado ‘¿Es sostenible el Estado?’ que convocó la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Abordaron temas de fundamental importancia como la inflación y la revaluación, el presupuesto general de la nación, el recorte al gasto, la transferencia de más recursos a las regiones, las pensiones y el crecimiento económico.
Coincidieron, para empezar, en un punto neurálgico: el Banco de la República, solo, no está en capacidad de controlar la inflación. Las medidas monetarias son insuficientes si no hay un manejo fiscal responsable. Se requiere un compromiso claro y contundente del Gobierno en la reducción del gasto, a lo que deberían contribuir incluso todas las ramas del poder y organismos del Estado. Lo más relevante, tener mucho cuidado con la deuda.
Financiar un presupuesto exageradamente alto y que ya está desfinanciado a punta de más deuda no es lo indicado. Esa fue otra conclusión. Se preguntan algunos cómo llegaron a los $635 billones ($90 billones más que el de este año), si está inflado. Incrementar la deuda en $238 billones sería un despropósito; pasaría a representar un 67 % del PIB. Y lo más grave, estar ad portas de un déficit fiscal en 2027 superior al 9 %.
Preocupa que el gobierno no de señales claras en lo fiscal, empezando por el prometido recorte de $45 billones; la Ley de Rescate Económico no aparece y se especula que viene un conejazo. Y en los corrillos se comenta que el incremento del salario mínimo sería de dos dígitos. Grave. Preocupa, además, la patraseada en el incremento del precio de la gasolina y que no toquen el Diésel. Nubarrones de incertidumbre que empiezan a pasar factura.
Surgió el tema de la descentralización. No ven viable pasar de una participación de las regiones en los Ingresos Corrientes de la Nación del 20 % al 39,5 % en doce años, como quedó en la Constitución. Se anuncia, sin embargo, la ley de competencias y recursos llamada a reglamentarlo. Consideran incompatible resolver el lío fiscal con transferir ese porcentaje y en ese tiempo a las regiones. Pero pareciera políticamente inatajable.
Inevitable que el tema pensional saliera a colación, en lo que hay distintas perspectivas. Más de $80 billones del presupuesto se van al pago de las mesadas. Si bien parecieran aplaudir el sistema de pilares el no haber tocado la edad de jubilación lo hace inviable. Y ese, claramente, no es animal salvaje al que el tigre se le quiera medir y no se le culpa pues ningún gobierno en el pasado ha tenido el coraje de darse esa pela, hasta que estalle.
Y en crecimiento económico seguimos en la patria boba. Todos los gobiernos prometen crecer por encima del 5 %. El promedio ha sido 3,6 % y el Banco Mundial pronostica para 2027 un 2,2 %. La tabla de salvación, la inversión nacional y extranjera que, sin perjuicio de presionar la inflación y la revaluación, otea el nuevo escenario -gracias en parte a la acción decidida en materia de seguridad- a la espera de otras señales que den confianza.
Conversar con María Mercedes Cuéllar, Carlos Caballero, Juan José Echavarría y Hugo Palacios, excodirectores del Banco de la República, exministros de Estado y dirigentes gremiales de primer orden, escucharlos con preocupación sincera, fue importante. La alarma está encendida. Estos y otros temas deben discutirse a profundidad y sin tragar entero, no sea que la estabilidad económica del país quede dependiendo de un milagro.