Recuerdo como si fuera ayer aquella mañana del 11 de septiembre de 2001. Apenas un par de meses antes había visitado Windows on the World, el emblemático restaurante situado en lo alto de la Torre Norte del World Trade Center. Conservaba el asombro por la altura y la inmensidad de Nueva York vista desde sus ventanales.

Esa mañana, en mi clase de Derecho Internacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, mis alumnos y yo estábamos pendientes de la reunión de la OEA en Lima. Allí se aprobaría la Carta Democrática Interamericana, documento esencial de la Secretaría General liderada por el expresidente César Gaviria.

Al salir de clase, me dirigí al salón de profesores. En el televisor vi en directo el segundo avión incrustarse contra una de las Torres Gemelas. La imagen era más estremecedora porque yo había estado allí pocas semanas antes. Luego llegaron las noticias del ataque contra el Pentágono y del temor de que la Casa Blanca o el Capitolio también fueran objetivos. Todo era caótico. Nadie comprendía la dimensión de lo ocurrido, pero era evidente que el mundo acababa de cambiar.

La coincidencia fue extraordinaria. Mientras en Lima las democracias americanas aprobaban una carta para proteger sus instituciones, en Nueva York y Washington el terrorismo atacaba los símbolos del poder económico, militar y político estadounidense. Quedaron enfrentadas dos visiones: la democracia sustentada en el derecho y el fanatismo que pretendía imponer sus objetivos mediante el terror.

También se desplomó el optimismo posterior a la Guerra Fría. Francis Fukuyama había formulado su tesis del “fin de la historia”: la democracia liberal se había impuesto sobre sus grandes alternativas ideológicas. El 11-S demostró que la historia no había terminado.

La seguridad pasó al centro de la política mundial. Se endurecieron los controles migratorios y aeroportuarios, se ampliaron las facultades de inteligencia y aumentó la vigilancia de las comunicaciones y los movimientos financieros. También cambió la guerra. El enemigo dejó de ser exclusivamente otro Estado. Las organizaciones terroristas podían operar mediante redes dispersas, sin fronteras ni estructuras convencionales.

Cambió, además, el derecho internacional. La Resolución 1368 del Consejo de Seguridad calificó los atentados como una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales y reafirmó el derecho de legítima defensa individual y colectiva. La Resolución 1373, adoptada bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, obligó a los Estados a castigar la financiación del terrorismo, congelar activos, negar refugio a sus responsables y ampliar la cooperación judicial.

Para Colombia, las consecuencias fueron decisivas. El Plan Colombia había nacido como una estrategia contra el narcotráfico. Después del 11-S, Estados Unidos autorizó que sus recursos fueran utilizados en una campaña unificada contra las drogas y las organizaciones terroristas. Se superó así la separación artificial entre narcotráfico, insurgencia y terrorismo, actividades que en nuestro país integraban una misma estructura criminal.

Ese nuevo enfoque le permitió al gobierno de Álvaro Uribe construir una estrategia diferente. La Seguridad Democrática, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el Plan Patriota contaron con tecnología, inteligencia, movilidad aérea y cooperación internacional desarrolladas alrededor del Plan Colombia.

El nuevo orden dejó zonas oscuras: Guantánamo, detenciones indefinidas, torturas y guerras discutibles como la de Irak. La lucha contra el terrorismo demostró que también la democracia puede extraviarse cuando actúa dominada por el miedo.

La lección permanece vigente. El terrorismo debe enfrentarse con determinación, cooperación internacional y capacidad militar, pero siempre dentro del derecho. Mientras las Torres Gemelas caían, en Lima se aprobaba una carta para defender la democracia. Aquella coincidencia nos recuerda que la mejor respuesta frente al terror no consiste en renunciar a la libertad, sino en protegerla.