En medio de la conmoción por el crimen de la influencer de TikTok Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo y sus dos pequeños hijos, asesinados en Guadalajara, Jalisco (México), el pasado 22 de agosto, se han conocido nuevos detalles del caso.
Los cuerpos de Esmeralda Ferrer, su esposo, Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos, Gael Santiago y Regina, de 13 y 7 años, fueron localizados sin vida dentro de una camioneta abandonada en la colonia San Andrés. Según trascendió, los cuerpos presentaban impactos de bala y estaban envueltos en bolsas.
El hallazgo de los cuerpos se produjo después de que vecinos alertaran sobre olores extraños provenientes de una camioneta gris que se encontraba estacionada en una vía pública.
Ferrer inició su trayectoria en TikTok en 2020 con contenido de belleza, pero luego centró sus publicaciones en estilo de vida y viajes. Su cuenta, con más de 44.000 seguidores, mostraba su vida, sus mascotas, marcas de lujo, autos deportivos y distintos procedimientos estéticos.
Tras el hallazgo, la Policía detuvo a tres empleados de un taller cercano, Amortiguadores y Suspensiones El Araña, identificados como Héctor Manuel Valdivia, José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva.
Sin embargo, los liberaron dos días después, luego de ser interrogados por la Fiscalía y al no hallarse pruebas suficientes que los vincularan al crimen.
Según se conoció, poco después de su liberación, un grupo de 15 personas secuestró a dos de los exdetenidos a plena luz del día en una de las principales calles de Guadalajara. Y dos semanas después su paradero sigue siendo desconocido.
Las autoridades informaron que avanzan en la investigación de distintas hipótesis que permitirían esclarecer el crimen. No obstante, los investigadores señalan que podría estar vinculado a la violencia de grupos del crimen organizado.
La única declaración oficial que se conoce hasta el momento la emitió el vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán, quien mencionó que el esposo de la influencer estaba relacionado con la compra y venta de vehículos en Michoacán.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco indaga si algún funcionario judicial pudo estar involucrado en la desaparición de los trabajadores.