Un nuevo episodio judicial rodea al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de que fiscales federales de Estados Unidos rechazaran su intento de utilizar recursos del Gobierno de Venezuela para pagar su defensa en un proceso por cargos de narcotráfico.
El caso tomó relevancia tras la presentación de un documento judicial durante el fin de semana en el que las autoridades estadounidenses plantearon su postura ante el juez Alvin Hellerstein, quien lleva el proceso en un tribunal federal de Nueva York.
En el documento, los fiscales calificaron como “extraordinaria” la solicitud presentada por la defensa del exgobernante, que buscaba autorización para utilizar recursos estatales venezolanos con el fin de cubrir los honorarios de sus abogados.
La controversia surge después de que el equipo legal de Maduro solicitara al tribunal desestimar los cargos en su contra. Según la defensa, el Gobierno estadounidense habría afectado su derecho a la defensa al impedir que el Ejecutivo venezolano financiara los gastos legales.
Barry Pollack, abogado de Maduro, argumentó ante el tribunal que el Departamento del Tesoro revocó una licencia que anteriormente permitía utilizar fondos del Estado venezolano para pagar servicios legales. Esa autorización, según sostuvo la defensa, había sido concedida de forma temporal.
Sin embargo, los fiscales respondieron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como Ofac, sí otorgó permisos limitados para que los acusados pudieran acceder a sus propios recursos personales.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, lo que se negó fue una excepción adicional que habría permitido cubrir los costos de la defensa con recursos administrados por un gobierno que se encuentra sujeto a sanciones internacionales.
Los fiscales explicaron que la normativa vigente prohíbe de manera explícita que fondos pertenecientes a una entidad sancionada sean utilizados para pagar los honorarios de los abogados de otra persona que también esté bajo sanciones.
En el documento presentado ante el tribunal, los representantes del Gobierno estadounidense indicaron que esta decisión no implica una vulneración del derecho a la defensa jurídica ni del debido proceso, como alegan los abogados del exmandatario.
Además, señalaron que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, quienes también enfrentan cargos en el proceso judicial, tenían conocimiento de que el Gobierno estadounidense no los considera autoridades legítimas del Estado venezolano.
Según los fiscales, esta posición ha sido sostenida durante varios años y forma parte de la política de sanciones adoptada por Washington contra el gobierno venezolano.
“Si bien ambos acusados afirman tener derecho a recibir fondos conforme a la Constitución venezolana, también sabían que el Gobierno de Estados Unidos no los consideraba ocupantes de cargos legítimos”, señalaron los fiscales en el documento judicial.