Los cambios que ha supuesto en materia migratoria la segunda administración del republicano Donald Trump, quien ha adoptado una serie de medidas represivas en relación a ciudadanos no estadounidenses en este país, ha traído como consecuencia una reconfiguración del fenómeno en esta parte del continente.
Colombia, que históricamente fue conocido por ser un lugar de paso para quienes perseguían el ‘sueño americano’ desde otros países al sur, se ha convertido en los últimos años en una opción real para muchos de estos migrantes, en especial aquellos provenientes de Venezuela.
Lucas Gómez, quien trabajó como Gerente de Fronteras en la presidencia de Iván Duque (2018-2022) estuvo de visita en Cali en representación de Tent Partnership for Refugees, una organización que trabaja por la reinserción laboral de migrantes en Colombia. Aquí sostuvo diálogos con representantes del ministerio del Trabajo y el sector empresarial, con el objetivo de encontrar ventanas de oportunidades para quienes todavía no tienen regularizada su situación migratoria en estos momentos en Colombia.
En diálogo con El País, Gómez se refirió a los principales retos que enfrenta Colombia, en medio de la reconfiguración migratoria de la que es epicentro Latinoamérica en la actualidad, y lo que tendrá que hacer el próximo gobierno en esta materia.
- ¿Cuál es, en la actualidad, el marco normativo en Colombia en cuanto a migrantes y sus oportunidades de trabajo?
En el año 2021, Colombia adoptó lo que se llama el ‘Estatuto Temporal de Protección’, con un decreto presidencial, el 216 de marzo del 2021. Ese decreto regularizó en su momento a casi 1.8 millones de migrantes venezolanos, aunque ahora esas cifras están alrededor de 2.4 millones en el país.
El PPT, como también se le conoce, tenía una vocación muy importante: era un proceso de regularización masivo pero que también le otorgaba a los migrantes venezolanos todos los mismos derechos que los colombianos, salvo los políticos. Esa es la política que rige hoy en día.
- ¿Desde el Ministerio de Trabajo se avizora algún tipo de cambio a futuro en las políticas públicas en relación a inmigrantes?
Aquí hay dos cosas muy interesantes. El Estatuto Temporal de Protección ya cerró su ventana de regularización, pero en la Reforma Laboral hay un artículo, el 37, que abre una puerta para la regularización a través de la formalización laboral. Es decir, que personas que están irregulares en Colombia y que se acercan a una empresa (o que una empresa hace una convocatoria y se acerca a una persona que está irregular), a partir de dicho artículo puede tener una vía de regularización para esa persona. Aquí lo que se está pensando es que, finalmente, la migración sea un factor de desarrollo y contribuya a la productividad de las empresas.
- La migración ha sido un tema central para la política exterior por parte de los Estados Unidos, a propósito del recrudecimiento de medidas migratorias en los Estados Unidos. Esta apuesta ha sido emulada por algunos de los gobiernos y aspirantes a presidentes en la región, como Chile y Perú. ¿Qué consecuencias puede traer este escenario para la región?
El cambio en las políticas migratorias después del año 2024, que es cuando llega Donald Trump, ha tenido efectos directos en los flujos migratorios en Colombia.
Primero sobre lo que ocurrió en el Darién. Ya la gente no pasa por ahí. Ir a Estados Unidos no es una opción. Hemos visto incluso personas que han retornado por el Darién en lo que se conoce como ‘migración inversa’, para llegar nuevamente a Colombia y hacer su vida acá. Tenemos una nueva variable muy significativa que son los colombianos retornados, muchos de ellos deportados, otros deportados voluntariamente o retornados voluntariamente, que dicen ‘yo no quiero vivir en un país en donde no puedo salir a la calle porque tengo miedo’.
Esas cifras aumentan cada vez más, y ahí nosotros en Tent Partnership for Refugees estamos haciendo una coordinación muy importante con el DPS y Colombia Nos Une para identificarlos.
Por otro lado, lo que ocurre en Chile, lo que anunció Kast en su primera semana (que deportaría ciudadanos venezolanos en vuelos) ya lo está echando para atrás, porque la mano de obra que representa el millón de venezolanos que hay allá mueve gran parte de la agroindustria chilena.
- ¿Qué han encontrado desde Tent en relación con la población migrante con la que han trabajado? ¿Cuáles son sus principales necesidades?
Nosotros nos centramos en ayudarles a encontrar trabajo. Hay muchas de estas personas que tienen estudios superiores, que tienen experiencias y habilidades, y nosotros hacemos el proceso de validación de competencias que les permite certificar esta experiencia.
En ese sentido, lo que vemos es que mucha de la mano de obra, dentro de lo que se ha denominado los ‘low barrier jobs’, esos trabajos que tienen barreras relativamente fáciles de solventar, pues no piden un título universitario certificado, apostillado y convalidado en Colombia, son migrantes venezolanos que están buscando trabajo.
El desafío más grande es que la informalidad jala mucho, finalmente, y esto resulta evidente cuando uno ve las estadísticas que nos muestra el Ministerio del Trabajo: la informalidad en Colombia es ya del 60% y la de los migrantes es alrededor del 74%.
- El gobierno actual de Gustavo Petro está a menos de 6 meses de terminar. ¿Qué balance haría de lo hecho en cuanto a temas de migración?
La historia que se tenía con el tema migratorio quedó muy bien hecha desde antes. Lo que hizo Juan Manuel Santos e Iván Duque tuvo una continuidad, pero con varios tropiezos: la institucionalidad. El gobierno del presidente Petro se demoró casi 3 años y medio en definir un esquema de institucionalidad claro para el tema migratorio, aunque hay que celebrar la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios en la Cancillería, que lo crearon recientemente. Eso, por lo menos, ha dado un nuevo impulso para el cierre del gobierno.
Pero hay varias tareas pendientes, entre los que está el tema de regularización: uno no puede seguir en un país donde tienes entre 500 y 1 millón de personas irregulares. Además, los temas de integración socioeconómica desaparecieron bastante de la agenda. Ahí el ministerio de Igualdad y Equidad intentó hacer un relevo pero realmente fue muy precario lo que se hizo.
- Venezuela sigue siendo el país del que más migran personas. Con lo que pasó a inicios de años, y la reunión la semana pasada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, ¿cómo ve el posible cambio que pueda haber?
Ese es un tema muy significativo: el 98% de los migrantes que tenemos en Colombia son venezolanos. Lo que ocurrió el 3 de enero con Nicolás Maduro generó mucha incertidumbre. Sin embargo, los sondeos que nosotros desde Tent hemos muestran que el 80% de los venezolanos en Colombia siguen diciendo que tienen vocación de permanencia y que no regresarían a Venezuela en un corto tiempo. Finalmente el régimen sigue en el poder: se fue Maduro pero Delcy Rodríguez es el mismo chavismo que llevaba más de 20 años.
- Más allá de la región, ¿cómo ve esos cambios que están ocurriendo en esos momentos en Europa y demás regiones del mundo en cuanto a la agenda migratoria?
Hay una radicalización muy fuerte. Una radicalización que suele incrementar, con los ciclos electorales. Todas las sociedades y las grandes potencias mundiales han tenido olas migratorias que las han hecho más fuertes, pues han utilizado mano de obra durante muchos años.
Yo creo que el amarillismo que se da alrededor del tema migratorio a nivel global tiene implicaciones muy fuertes, especialmente en la integración de los refugiados y migrantes, porque finalmente hay una estigmatización muy grande, y hay cada vez más barreras y más dificultades.
El tema del Reino Unido es súper claro: está siguiendo mucho las políticas de Trump, incluso al deportar a terceros países a personas perseguidas políticamente. Francia va a entrar en ciclo electoral, y también tiene dentro de sus temas de campaña la gestión migratoria. La única excepción a esto vendría a ser España, que acaba de sacar un proceso de regularización para alrededor de 500.000 personas, la mayoría de ellas colombianas que ahora pueden acceder a procesos de regularización.
- Hace un tiempo mencionaste la importancia del Estatuto Temporal de Protección, como un punto de quiebre en las políticas migratorias. ¿Cree que en los próximos años hace falta una renovación o un estatuto similar que responda a las dinámicas que hay en estos momentos?
El próximo gobierno va a tener que poner la cuestión migratoria sobre la mesa, porque el Estatuto Temporal de Protección tiene una vigencia de 10 años, se va a acabar en marzo del 2031. Todo el diseño institucional de un proceso de regularización o de una ampliación del Estatuto o de una transformación va a tener que hacerse en los próximos 4 años.