Independencia de Cataluña, una 'amenaza' cada vez más real para España

Si hasta el pasado 20 de septiembre muchos españoles veían con indiferencia el auge del movimiento independentista en Cataluña, anunciado con bombos y platillos desde hace años, ahora que ha llegado al punto de no retorno, cada uno tiene su opinión y su bandera.

Pero ya nadie es indiferente. La amenaza de separación es real y lo triste es que todos coinciden en que pudo haberse resuelto por la vía del diálogo, pero no hubo la voluntad política de ambos lados para sacarlo adelante.

Ya es tarde. El daño está hecho. España hoy no es la misma que la de hace una semana. La fractura ha llegado como se esperaba y venía cogiendo fuerza desde 2014, cuando se hizo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, suspendido por el Tribunal Constitucional, que acabó en una consulta popular no vinculante.

Fue el primer paso en la ruta de la independencia. Y todo frente al Gobierno del Partido Popular (PP), ante la mirada de los demás grupos políticos y la contemplación atónita de millones de españoles que estaban esperando una respuesta y actuación más acertada.

El Tribunal de Justicia de Barcelona suspendió dicha consulta y condenó por prevaricación y desobediencia al entonces presidente Artur Mass y tres altos cargos de la Generalitat y les condenó a pagar los gastos de la consulta hecha con dinero público, por un valor de 5.1 millones de euros.

Desde entonces el Gobierno catalán anunció en forma indirecta que realizaría otra consulta para determinar la hoja de ruta que les llevara a la Independencia de España. Todo estaba calculado. Las cosas se precipitaron desde las elecciones parlamentarias de 2015 cuando se impuso la coalición de Juntos por el Si (Junts pel si) con los partidos independentistas.

La primera medida de los grupos que pasaron a controlar el Parlamento fue fijar la fecha para un referéndum independentista y una hoja de ruta para la desconexión con España.

El pasado 9 de junio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont anunció la fecha del referéndum, el 1 de Octubre, el 1-O, como se le dice, con una sola pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República? Sí o No”. A diferencia del de 2014, sería vinculante, ya que “contaría con el apoyo de una amplia mayoría política y social”.

“No estoy de acuerdo con este referéndum que pretende hacer el Gobierno catalán, porque no es transparente –dijo el cantautor catalán Joan Manuel Serrat – porque está creada con una ley elaborada por el Parlamento, pero a espaldas de todos los grupos políticos. Se ha marginado a todas las fuerzas de la oposición. Ha habido una fractura social de la que será difícil reponerse”.

Y así ha sido. Con su mayoría aplastante, el Parlamento catalán aprobó una reforma de su reglamento para avalar a su vez leyes en favor del referendo y la independencia en un solo día, saltándose los trámites habituales y sin que la oposición pudiera presentar enmienda.

Al tiempo evitaba los debates en la Cámara para que tampoco se pudiera impugnar la Ley ante el Consejo de Garantías Estatutarias. En otras palabras, se impuso una especie de ley mordaza y de persecución a los no independentistas. Eran mal vistos y tildados de traidores.

El pasado 6 de septiembre el Parlamento, tras aprobar la ley de referéndum, firmó el decreto de convocatoria con fecha 1 de Octubre. Un triunfo del Sí, dará paso a una declaración unilateral de Independencia de Cataluña en 48 horas y si gana el No, se convocará a nuevas elecciones.

Al día siguiente, el Tribunal Constitucional suspendió la ley de referéndum y advirtió a los 948 alcaldes catalanes y a funcionarios de la Generalitat, que no podían participar en ninguno de los actos de la consulta.

Entonces el gobierno de Mariano Rajoy, del PP, que estuvo a la espera considerando que bastaría con la anulación del referéndum, decidió actuar sin diálogo, sino con mano dura. Así el caso entró en una espiral de acción - reacción que terminó por chocar los trenes este 20 de septiembre ,cuando la Guardia Civil allanó varias oficinas de la Generalitat, confiscó urnas y papeletas y revisó las sedes de Economía y de algunos partidos independentistas. Una jugada que hizo que los que aún no se decidían por el Sí, se sumaran a la causa.

“Ni Rajoy ni Puigdemont van a dar el brazo a torcer –dice la periodista Ángeles Barceló, de la Cadena SER-, hemos llegado a un punto de no retorno. El Presidente de la Generalitat no va a suspender un referéndum que ya está suspendido por el Tribunal Constitucional y Mariano Rajoy no va a atender ninguna posibilidad de diálogo ni entendimiento, que tampoco quiere Puigdemont. Ya no hay vuelta atrás.

Puigdemont ha echado mano del fervor independentista sembrado desde hace años en los jóvenes que estos días inundan la calle con banderas y pancartas. Era lo que buscaba, una reacción del gobierno español para tener motivos de movilización, mostrando su musculatura. Y Rajoy no se ha quedado atrás y sacó la Guardia Civil. Es un fracaso total de la política. El 1 de octubre, todos hemos perdido”.

El Gobierno de España se opone al referéndum que considera ilegal ya que vulnera ocho artículos de la Constitución: el de un estado de derecho, el de la indisolubilidad de la nación y los de la lealtad y fidelidad a la Carta Magna.

España también defiende que al menos un 52 % de los catalanes no quiere la independencia y tiene temor de que sea cual sea el resultado, la determinación de los gobernantes de Cataluña ya está tomada de forma unilateral. Según la Constitución, estos referendos son solo potestad del gobierno central.

“Ningún país quiere perder parte de su territorio, suponga usted que La Guajira en Colombia hiciera una consulta y decidiera adherirse a Venezuela, –dice el politólogo Jesús Bermejo Shuchz– así no más porque les dio la gana. Creo que el Gobierno haría lo posible por evitarlo. Pues eso hace España a última hora, apelando a la legalidad. No sé si el derecho de autodeterminación al que apela el Gobierno Catalán, se pueda exigir fuera de la Ley. Con Rodríguez Zapatero casi se llegó a un acuerdo que se vino abajo con el PP, que ha perdido legitimidad y respeto por todos los casos de corrupción. Ha sido esta política de derechas lo que hizo cambiar de opinión a la sociedad catalana respecto a su relación con España. A eso hay que sumarle la agresiva campaña emprendida estos días. El que no apoyaba la independencia, ahora lo hace”.

En lo que resta para el 1-O no se puede esperar más que acciones y reacciones de parte y parte. El Gobierno ha enviado 1200 agentes de la Guardia Civil que duermen en tres transbordadores fondeados en el puerto de Barcelona, decididos a intervenir el día del referendo.

“La única forma de lograr que se realice el referendo –agrega Bermejo Shuchz- es que salga una gran masa de catalanes a impedir que la Policía registre y confisque las urnas. Es lo que busca Carles Puigdemont, que las acciones policiales aumenten para que el 1 de Octubre no se vote solo por la independencia sino también por la democracia.

Pocos saben a ciencia cierta que pasará el día después, se realice o no la consulta. Es probable que no haya urnas porque la guardia civil, sin la ayuda de la policía autonómica, los Mossos de Squadra, las puedan requisar. También que el Gobierno catalán despliegue un plan B para poder votar, pero lo más seguro es que todo no termine allí.

De acuerdo con la hoja de ruta de la Independencia, el 2 de octubre se programará la convocatoria a elecciones constituyentes e iniciar unas improbables negociaciones con el Gobierno central o en su defecto, negociar con la Unión Europea.

Entre los pocos que saben que pasará el 2-O, está la periodista Angels Barceló, quien cree que toda España perderá.

El Partido Socialista de Cataluña, PSC, el PP y su afín Ciudadanos, se oponen al referéndum como a su tramitación, que consideran ilegal y antidemocrática.

La segunda Comunidad autónoma de España, tiene 32.000 kms2 y 7,5 millones de habitantes en 948 municipios. Como otras 16 comunidades autónomas españolas, la Constitución de 1978 les da el derecho a la autodeterminación.

Cada Comunidad tiene Parlamento (Gobernación) y representantes, elegidos por voto popular para legislar para su comunidad, pero sin ir en contra de la Constitución. El poder Ejecutivo lo lidera un presidente elegido por los represen- tantes en el Parlamento. El Estatuto de Autonomía es la ley más importante, que define la capital, lengua oficial y territorio y pueden gestionar la educación, la salud, el medio ambiente, pero el Estado define la Economía y la Política Exterior.

1. Históricas: Desde la Edad Media, en el Siglo XIV se creó la Diputación General que hasta el Siglo XVII actuó como Gobierno del principado. En el Siglo XVIII, los borbones ocupan la región y Felipe V elimina el derecho público catalán, sus instituciones y prohibe hablar lengua catalana.

2. Desde entonces Cataluña ha querido tener su Gobierno y convertirse en una nación. Los catalanes se han sentido explotados y oprimidos por el Gobierno español.

3. Culturales: apelan a la lengua, costumbres y tradiciones diferentes al resto de España. Desde hace unos años la educación se imparte en catalán, desde hace poco, es requisito hablar catalán para trabajar en Cataluña, por lo que mucha gente se siente discriminada.

4. Económica: Para Cataluña, su producción basta para ser independiente y no tener que aportar al resto de España (16.000 millones de euros) para subvencionar otras regiones menos productivas. En 2013 fue la primera economía y aportaba el 20 % del PIB. Los catalanes culpan al gobierno central de la mala gestión de la crisis que provocó la caída del empleo en Cataluña (670.000).

Con la crisis económica los inmigrantes de América Latina regresaron a sus países y si fueron apoyo, pasaron a un segundo plano. Buena parte de los que siguen trabajando y viviendo en Cataluña, apoya la independencia.

“Hay de todo, -dice Guillermo Barrera, de Bogotá- tengo una amiga de Cali que sale a diario a manifes- tarse y lleva las dos banderas, la catalana y la colombiana. Pero hay muchos como yo, que pensamos que gane el uno o el otro, será igual. Son políticos y lo que hay en juego es mucho dinero y poder, y si tienen que separar un país para lograrlo, lo hacen. Y no les dolerá si Cataluña fracasa y queda fuera de todo y se empobrece, seguro que los impuestos van a subir y a cobrar nuevos para poder mantener el nuevo país”.

Para Sergio Andreu, editor de la revista Catalina, en Cataluña Latina, hasta esta semana había mucho indeciso, pero las acciones del Gobierno con la llegada de agentes de la Guardia Civil, ha hecho que decidan apoyar lo que antes no les gustaba. “No sorprende mucho, porque desde 2010, el día de Cataluña, los 11 se septiembre (La Diada), apuntaban a eso, el componente de los desfiles era la independencia”.