De 3 a 30 dólares se elevó la tarifa que Ecuador cobra a Colombia por transportar el petróleo de Ecopetrol a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Es decir, el incremento fue del 900 %.
Así lo confirmó la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Ines Manzano, que aseguró que la medida fue tomada en reciprocidad por la suspensión de la entrega de energía eléctrica colombiana a Ecuador.
“Ecopetrol entrega como 12 mil barriles. Lo que nosotros hemos hecho es en reciprocidad. Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio y que ese servicio es importantísimo para Ecopetrol y para las empresas colombianas”, dijo.
En respuesta a la medida, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, invitó a los gremios petroleros a ser creativos y propuso que, en vez de pensar en retaliaciones, “pensemos en cómo hacemos para hacer de esta situación, una oportunidad para seguir transportando y exportando ese crudo en medio de otras condiciones logísticas en beneficio de nuestro país”.
Palma aseguró además que el aumento unilateral y arbitrario del precio del transporte de crudo viola los compromisos adquiridos y afecta a los pequeños productores de crudo.
“Sectores de oposición y de la extrema derecha nacional y regional celebran decisiones como estas. Aún en contra de los intereses de gremios y trabajadores nacionales, como está ocurriendo con el caso del etanol y ahora ocurre con la producción de crudo. Ojalá seamos capaces de poner por encima los intereses de nuestra nación, de nuestra patria, sin perder la perspectiva de la cooperación, la diplomacia y la política”, agregó Palma.
“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, advirtió, a la vez que acusó a Ecuador de buscar “el fracaso de la hermandad de dos pueblos”.
La guerra comercial de Ecuador con Colombia comenzó el pasado 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 % a todas las importaciones colombianas.
El mandatario ecuatoriano afirmó que la medida se basó en una “falta de reciprocidad” del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico en la frontera.
“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, señaló Noboa en redes sociales.
Según dijo, “la medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.
Horas después, el Gobierno colombiano anunció en represalia un arancel equivalente a un listado de productos ecuatorianos y suspendió la entrega de energía eléctrica a ese país. Desde ese momento, la Cancillería colombiana solicitó a Ecuador una reunión bilateral para discutir el tema, pero esta no se ha dado aún.
Por el momento, la decisión de Noboa generó fuertes críticas en el área política de ese país, donde asambleístas como Nuria Butiñá reflexionaron sobre las consecuencias que trae consigo esta guerra arancelaria.
“Colombia representa el 7,4 % de nuestras importaciones, cerca de USD 2.300 millones al año.Imponer un arancel del 30 % significa hasta USD 687 millones en sobrecostos que no pagarán los criminales, sino la gente: medicinas más caras, agroinsumos más costosos y presión sobre la energía. Esto no combate al narcotráfico. Encarece la vida, empuja la inflación y traslada el problema al bolsillo del pueblo.La seguridad se construye con cooperación e inteligencia, no castigando económicamente a los ecuatorianos”, señaló Butiña.
*Con información de Colprensa.