La licitación pública es el mecanismo principal mediante el cual el Estado colombiano contrata obras, servicios y suministros, asegurando la transparencia y la igualdad entre los oferentes.
Con un procedimiento abierto y regulado, este proceso garantiza la mejor oferta para el interés público y previene prácticas indebidas en la contratación oficial.
Por tal razón, es de vital importancia conocer de qué se trata, para entender un proceso esencial en la contratación estatal.
¿Sobre qué trata una licitación?
Como se explicó inicialmente, la licitación pública es un procedimiento administrativo que permite a entidades del sector público en el país contratar servicios, adquirir bienes o ejecutar obras mediante un concurso abierto.
Esta figura, comúnmente utilizada en proyectos de infraestructura, suministros o servicios especializados, busca asegurar condiciones equitativas en la selección de contratistas y proveedores.
Dicho proceso inicia cuando una entidad estatal identifica la necesidad de una contratación. Tras ello, se publica una convocatoria electrónica con las condiciones que estipulan los requisitos técnicos, legales y financieros que deben cumplir los interesados.
A partir de esa publicación, cualquier persona natural o jurídica que cumpla con lo exigido puede presentar una propuesta.
Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema de contratación estatal en Colombia contempla las siguientes modalidades principales:
- Licitación pública
- Licitación Restringida
- Concurso de Méritos
- Contratación directa
Cabe mencionar que la forma en que se organiza y se lleva a cabo la presentación de propuestas depende del tipo específico de licitación que se utilice.
Etapas de las licitaciones
Una vez publicada la convocatoria se establece un cronograma con varias fases, entre las que se encuentran:
- Observaciones a los pliegos.
- Presentación de ofertas.
- Evaluación de propuestas.
- Adjudicación.
La evaluación debe realizarse bajo criterios previamente establecidos y con estricta vigilancia para garantizar que se cumplan los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad.
Al finalizar el proceso, el contrato se adjudica a quien, conforme a la evaluación, presentó la oferta más favorable para el interés general, ya sea por calidad, experiencia, precio u otros factores definidos en los términos de referencia.
Cabe decir que en Colombia, los procesos licitatorios están regulados por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, entre otras normas complementarias.
Estas disposiciones legales establecen los principios y procedimientos para garantizar la legalidad, eficacia y eficiencia en la contratación pública.
Un aspecto fundamental es que todo proceso debe garantizar la libre concurrencia y la igualdad de condiciones entre los proponentes.
Finalmente, cada contrato realizado mediante licitación busca cuidar los recursos públicos e impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.