La Policía Nacional desmanteló la red criminal ‘Kambo’, una estructura dedicada al tráfico de veneno extraído de la rana amazónica Phyllomedusa, cuya explotación ilícita generaba más de $1.500 millones al año.
La operación, ejecutada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, se desarrolló de manera simultánea en Bogotá, Cali, Filandia (Quindío) y San Diego (Caldas).
De acuerdo con las autoridades, los capturados enfrentan imputaciones por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Durante los procedimientos se incautaron cinco teléfonos celulares, considerados piezas clave para reconstruir la cadena logística de esta actividad ilegal.
El modus operandi del grupo incluía la extracción, secado y moldeado del veneno en pequeñas tablillas. Esta sustancia, conocida como kambo, era enviada principalmente a Perú y México, donde ingresaba a circuitos comerciales sin regulación y con fines asociados a prácticas rituales.
La especie afectada habita en áreas de la Selva Amazónica, especialmente en zonas limítrofes entre Colombia, Brasil y Perú. Según la Policía, la técnica empleada para obtener los péptidos de la rana generaba un impacto directo sobre las poblaciones de anfibios, alterando procesos vitales y afectando el equilibrio ecológico de la región.
El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, resaltó el alcance del operativo. “La desarticulación del GDCO ‘Kambo’ no es solo una victoria contra el tráfico, sino una defensa vital de nuestro patrimonio biológico”, afirmó.
La intervención se suma a las acciones que buscan frenar el tráfico de fauna silvestre, un delito que, según el Ministerio de Ambiente, ocupa el cuarto lugar en rentabilidad ilícita a nivel mundial. En 2024, autoridades de Bogotá y Cundinamarca rescataron más de 600 animales, entre aves, tortugas y especies que ingresaban desde la región Caribe.
Los operativos en estos territorios han incluido puestos de control en corredores terrestres, campañas educativas y talleres para desestimular la compra de animales o productos derivados como pieles, plumas o uñas. Entidades como la CAR Cundinamarca, Parques Nacionales Naturales y la Secretaría Distrital de Ambiente participan en la estrategia permanente.
Las sanciones por este delito pueden alcanzar 40.000 salarios mínimos y penas de hasta 11 años de prisión, según lo establecido en las leyes 1333 de 2009 y 599 de 2000. Las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de fauna.
Las autoridades mantienen operativos activos para frenar este tipo de explotación y reforzar la protección de la fauna silvestre en el país.