Integrantes de la Fiscalía le confirmaron a esta casa periodística la captura de los dos líderes campesinos del Cañón del Micay, Juan Pablo Giraldo y Duverney Galvis, en medio de un procedimiento judicial liderado por integrantes del Gaula de la Policía Nacional.
“Los dos ciudadanos en mención fueron aprehendidos en cumplimiento a órdenes de captura en la vía que comunica Cali-Pereira, en relación con Giraldo y el señor Duverney en la ciudad de Bogotá; los motivos que originaron las investigaciones fue la asonada y secuestro de 57 militares en el sector de la vereda El Tigre del corregimiento de Honduras, El Tambo”, indicaron los funcionarios de la Fiscalía.
Por eso, tras la detención de los dos líderes sociales, ambos fueron conducidos a la ciudad de Popayán, donde ya se adelantan las audiencias preliminares ante jueces de control de garantías, los cuales debaten la legalidad de los procedimientos de aprehensión de estos dos destacados representantes campesinos, quines lideraron una masiva movilización de pobladores del Cañón del Micay a Popayán a finales del 2024.
De ahí que esta dos capturaras generaron una amplia molestia en estas comunidades porque consideran que el gobierno de Gustavo Petro Urrego y la fuerza pública están criminalizando el derecho a la protesta del campesinado, además de incumplir acuerdos alcanzados con los pobladores que se oponen a militarización de sus territorios.
“Cobardes, eso es lo que son, cobardes que detengan a nuestros representantes que se oponen abiertamente al uso de la fuerza para destruir los procesos organizativos de zonas como el Cañón del Micay; sí, el señor Gustavo Petro traiciona la palabra al ordenar estas detenciones, acá en nuestras veredas prometió otras soluciones a los cultivos de uso ilícito, pero en la práctica permite la judicialización de los líderes, a qué juega entonces el gobierno”, expresaron otros representantes de esa zona del suroccidente del Cauca.
Como es de recordar, a principios del mes de diciembre de 2024 el gobierno nacional y autoridades regionales del Cauca acordaron retirarse de un costado de la vía Panamericana, toda vez que iniciaban una serie de trabajos de inversión social en la zonas rurales de El Tambo, Argelia y López de Micay, esto como forma de dejar atrás los cultivos de uso ilícito, así como la guerra que ahora precisamente existe en esa zona del suroccidente del Cauca.
“Este gobierno nos da un trato militarista a las comunidades que creímos en la inversión social como forma de dejar atrás los cultivos de uso ilícito, así respondieron a los acuerdos alcanzados en 2024 cuando nos movilizamos en Popayán, pero no, ordenaron fue más operaciones militares en el Cañón del Micay y claro, como somos los mismos campesinos que no queremos más guerra, tocó sacar a esos soldados de la zona para que no los mataran, pero no, la respuesta a esa iniciativa es acusarnos y capturarnos”, acotaron otros representantes campesinos.
De hecho, y después de esa retención de los militares, las comunidades adelantaban un trasladado de esa zona hacia el municipio de El Tambo, Cauca, para así entregarlos a las organismos humanitarios que participaban en este proceso.
Sin embargo, cuando se movilizaban por el sector del corregimiento de Fondas del municipio de El Tambo, terminaron interceptados por un grupo de policías y soldados, quienes adelantaron así un operativo para rescatar a los imilitares.
En ese momento varios civiles resultaron capturados y heridos en los choques que en ese momento se formaron en esta parte del suroccidente el departamento. Después, y como no existían pruebas para sustentar la legalidad de estas aprehensiones, los detenidos fueron dejados en libertad por orden de los correspondientes jueces de control de garantías.
Sin embargo, el Ejército Nacional denunció este caso ante la Fiscalía y organismos judiciales internacionales al considerarlo como secuestro y violencia contra servidor público, responsabilizando a estos líderes; de ahí que continuaron las investigaciones que condujeron a la captura de ambos, aumentando así el distanciamiento de las comunidades de Cañón del Micay y las autoridades, especialmente con la fuerza pública en estos tres municipios caucanos.